La Administración de Servicios Portuarios Bolivia (ASP-B) aclaró que el congestionamiento de carga boliviana en el Puerto de Arica no responde a fallas de gestión de la estatal ni de los transportistas, sino a limitaciones de personal, capacidad operativa y priorización de naves por parte del operador Terminal Puerto Arica (TPA).
“Estos factores son ajenos a la voluntad y responsabilidad de los operadores bolivianos, de los transportistas y de la propia ASP-B”, señaló la entidad, que reconoció que estos hechos provocaron retrasos en la planificación y despacho en las últimas semanas.
La ASP-B respondió así a las declaraciones del presidente de la Cámara Departamental de Transporte Pesado de La Paz (Cadetran), Álvaro Ayllón, quien denunció que más de 1.000 transportistas bolivianos debían esperar hasta seis días para realizar las cargas correspondientes en Arica.
Arica
Según la ASP-B, desde que se identificaron las demoras se realizaron gestiones formales y permanentes ante la Empresa Portuaria Arica (EPA) y el TPA, exigiendo medidas urgentes para acelerar el despacho pendiente de carga boliviana.
Además, le entidad informó que el jueves su Dirección de Operaciones sostuvo una reunión con Cadetran para explicar el origen del congestionamiento, las acciones solicitadas al puerto y las limitaciones ajenas a las competencias bolivianas. La misma información fue remitida oficialmente a la Cámara Boliviana de Transporte (CBT).
Esta problemática fue elevada al Centro de Información y Coordinación (CIC) del Puerto de Arica, donde participan TPA, ASP-B y representantes del transporte. El miércoles, fruto de esas gestiones, se realizó una reunión en el puerto para acordar un plan de contingencia que permita priorizar y agilizar los despachos retrasados con destino a Bolivia.
La estatal portuaria enfatizó que no mantiene ninguna deuda con TPA por servicios prestados, por lo que descarta que la atención de la carga boliviana esté condicionada por obligaciones económicas.
En ese sentido, la ASP-B ratificó su compromiso con el libre tránsito, la defensa de los operadores bolivianos y la continuidad del flujo comercial, asegurando que continuará gestionando soluciones para normalizar el servicio portuario en Arica.
