Oxfam en Bolivia expresó su preocupación por la decisión del gobierno de eliminar el Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF), calificándola como “un serio retroceso en la redistribución de la riqueza en el país”.
La organización destacó que esta medida beneficia exclusivamente a aproximadamente 200 personas, equivalentes al 0,001% más rico de la población boliviana.
«Eliminar este impuesto no reduce el déficit fiscal, sino que significa renunciar a recursos necesarios para avanzar en una agenda social que aún mantiene a 4 millones de personas por debajo de la línea de la pobreza», señaló Oxfam en un pronunciamiento.
Impuesto
La organización recordó que el IGF recaudaba anualmente Bs 240 millones, recursos que podrían destinarse a políticas de igualdad de género y lucha contra la violencia hacia la mujer.
La crítica se enmarca en un contexto global de extrema desigualdad, donde “el 1% más rico a nivel global captura casi dos tercios de toda la nueva riqueza generada en el mundo, mientras el 99% restante de la población comparte solo un tercio”. Oxfam cuestionó que se libere del pago de impuestos al grupo más rico mientras se evalúan ajustes en el gasto social.
“Liberar del pago de impuestos al grupo más rico mientras se evalúan ajustes en el gasto social y contracción de la inversión pública es una señal de prioridades equivocadas y de sostener privilegios”, afirmó la organización.
Oxfam defendió los impuestos a la riqueza como “una herramienta probada y respaldada internacionalmente” que forma parte de una agenda fiscal progresiva necesaria para reducir desigualdades.
La organización concluyó reiterando su compromiso con “un sistema fiscal que promueva la justicia social y reduzca las desigualdades”, enfatizando que “en tiempos de crisis y restricciones fiscales, avanzar hacia una tributación progresiva no es solamente una medida técnica: es una decisión ética”.
Desde el Gobierno, aseguraron que la eliminación del Impuesto a las Grandes Fortunas permitirá que nuevas inversiones lleguen al país y que las personas con un patrimonio superior a los Bs 30 millones mantengan su dinero en territorio nacional y no en bancos extranjeros.
