La Fiscalía Departamental de La Paz informó sobre la aprehensión de un nuevo implicado en el caso Botrading. Se trata de quien se desempeñó como director jurídico de YPFB entre 2023 y 2025, señalado de haber convalidado informes que permitieron la suscripción de contratos observados por presuntas irregularidades en la importación de combustibles.
El fiscal Omar Yujra explicó que el exfuncionario tenía conocimiento de los contratos cuestionados y revisó los informes emitidos por las áreas legal y administrativa para dar validez a la suscripción de los mismos.
“Tenía conocimiento de los contratos cuestionados y también ha observado los informes emitidos por el área legal y por el área administrativa para dar validez y que se cumpla la suscripción de estos contratos”, indicó este jueves en conferencia de prensa.
Aprehensión
Aunque el implicado se presentó de manera voluntaria a declarar, la comisión de fiscales determinó su aprehensión mediante la Resolución 226, al considerar que existen suficientes elementos de convicción dentro del cuaderno de investigaciones. Es investigado por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
“En virtud a todos los antecedentes y elementos de convicción que cuenta el cuaderno de investigaciones, la comisión de fiscales ha determinado emitir la resolución 226, la aprehensión contra este ciudadano”, indicó Yujra.
Botrading
El caso Botrading investiga supuestas irregularidades en la contratación de esta empresa, subsidiaria de YPFB, que operaba como intermediaria en la compra de combustibles. Según las primeras indagaciones, se habría causado un daño económico al Estado de aproximadamente $us 800 millones.
Las observaciones surgieron tras cuestionamientos de la Asamblea Legislativa sobre los contratos firmados entre YPFB Corporación y Botrading, en el marco de la importación de carburantes en un contexto de alta demanda y dificultades de abastecimiento.
De acuerdo con la Fiscalía, alrededor de 14 personas están siendo investigadas en este proceso, de las cuales al menos tres ya cuentan con medidas cautelares. Las pesquisas buscan determinar responsabilidades en la aprobación y autorización de los contratos, así como establecer si existió daño económico al Estado.
El denominado caso Botrading I se centra en la legalidad y condiciones bajo las cuales se firmaron los contratos de intermediación para la compra de combustibles, mientras que otras aristas del proceso analizan la eventual recuperación de recursos y posibles responsabilidades administrativas y penales de exautoridades y funcionarios vinculados a YPFB.
