El ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Oscar Justiniano, denunció este viernes que la Empresa Boliviana de Producción Agropecuaria (B-Agro) registra un presunto daño económico superior a los Bs 300 millones, producto de irregularidades en la adquisición de tierras, maquinaria, silos e infraestructura durante la anterior administración.
La autoridad reveló el caso en entrevista con Cadena A y advirtió que las investigaciones avanzan para dar con los responsables.
“Un caso reciente es B-Agro donde son más de 300 millones de bolivianos los cuales están dilapidados en tierras las cuales se compraron por parte del Estado, maquinaria, infraestructura, silos y otra gran cantidad de cosas; pero, de verdad, gran cantidad de cosas que no se usaron o ya se las robaron”, aseguró Justiniano.
B-Agro
El ministro señaló que este perjuicio económico, causado en gestiones pasadas, afecta directamente a las familias bolivianas y no al Gobierno como institución.
La empresa estatal B-Agro fue creada en abril de 2022 con un capital inicial de Bs 140 millones, durante el gobierno del expresidente Luis Arce, con el objetivo de fortalecer la soberanía alimentaria mediante la producción agropecuaria en tierras fiscales.
Sin embargo, las irregularidades en su gestión vienen siendo denunciadas desde septiembre de 2025, cuando se identificó un primer daño de Bs 4 millones por el vencimiento de agroquímicos y semillas almacenados en predios de Santa Cruz.
Denuncias
En aquella oportunidad, el entonces ministro de Desarrollo Rural, Yamil Flores, confirmó que los insumos estaban abandonados y que se iniciaron procesos penales contra el exgerente de B-Agro y otros funcionarios involucrados. Flores explicó que, de los Bs 23 millones destinados a la compra de insumos y semillas, Bs 4 millones correspondían a productos cuya fecha de caducidad venció.
Justiniano informó que las auditorías en empresas estatales continúan y que el caso B-Agro será remitido al Ministerio Público. “Se sigue avanzando, eso va a ir por supuesto a la Fiscalía, va a ir a los jueces. Esperamos que se tenga la recuperación del dinero, (se sepa) de las personas las cuales han causado presuntamente daños económicos al Estado”, afirmó la autoridad.
El ministro denunció que este caso devela la existencia de “grandes estafas” en la anterior administración y advirtió que este tipo de irregularidades no son hechos aislados, sino parte de un patrón que las investigaciones en curso buscarán esclarecer.
