El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, afirmó este lunes en conferencia de prensa que no es posible legalizar los billetes de la serie B que fueron sustraídos tras el accidente aéreo en El Alto.
La autoridad consideró que se trata de un dinero obtenido de manera ilícita y que su validación implicaría vulnerar principios básicos de legalidad y seguridad jurídica.
Explicó que el planteamiento de reconocer estos billetes equivaldría a legitimar bienes robados.
“No se puede legalizar lo robado ni aquello que fue hurtado y puesto en circulación de manera ilegal”, sostuvo, al comparar la situación con el caso de un objeto sustraído que luego el Estado decidiera permitir su venta.
La autoridad lamentó que, tras el accidente del avión, algunas personas intentaran beneficiarse de la tragedia al apropiarse de los billetes. Recordó que estos no son de curso legal y, por lo tanto, no tienen validez para circular en el sistema financiero.
No obstante, señaló que el volumen de billetes sustraídos es mínimo en comparación con la cantidad total de dinero en circulación en el país. Por lo que consideró poco probable que la población llegue a recibir uno de estos en sus transacciones diarias.
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Billetes
Asimismo, aseguró que el sistema financiero cuenta con mecanismos para identificar estos billetes cuandolos depositan en cajeros automáticos o ventanillas bancarias. Una vez detectados, explicó, se perforan los billetes y los destruyen. Para retirarlos definitivamente de circulación.
“El sistema financiero tiene los mecanismos para detectar estos billetes una vez que se introducen. Ya sea a través de un cajero o se depositan o se llevan a una ventanilla, el sistema financiero lo detecta, lo perfora, lo destruye”, aclaró la autoridad.
Espinoza añadió que el Gobierno implementó medidas durante el fin de semana posterior al hecho para minimizar el riesgo de que esos billetes ingresen masivamente al mercado.
Finalmente, indicó que la discusión sobre una posible medida para enfrentar el problema se encuentra en la Asamblea Legislativa, instancia que deberá evaluar cómo proceder. Sin embargo, remarcó que la posición del Gobierno es clara. “No se pueden vulnerar las normas ni los principios básicos de convivencia para resolver esta situación”.
