El sector de la construcción alertó este lunes que si un reajuste en los precios de los materiales muchas empresas entrarán en quiebra y las obras quedarán paralizadas.
Los constructores se movilizaron este lunes en varias regiones del país con un tractorazo en demanda de la aprobación de una norma que apruebe ese reajuste de precios.
“Durante los últimos años, la industria de la construcción ha enfrentado una situación extremadamente critica producto del incremento sostenido de los costos de materiales, equipos, combustibles, transporte y mano de obra, sin que exista un mecanismo efectivo que permita ajustar los precios de los contratos vigentes”, explicó la Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco) en un comunicado.
Asimismo, la entidad informó que, en muchos casos, los costos de construcción incrementaron entre un 40% y 65%, generando pérdidas en las empresas contratistas, paralización de proyectos y una creciente inviabilidad financiera en la ejecución de obras públicas.
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Obras
La situación afecta a miles de empresas constructoras, proveedores, profesionales del sector y trabajadores vinculados directa e indirectamente a la construcción.
Además, la entidad advirtió que esta paralización o ralentización de obras afecta no solo al sector empresarial, sino en el desarrollo del país en carreteras, hospitales, escuelas, sistemas de agua, viviendas y proyectos productivos.
La entidad recordó que junto al Gobierno trabajó un proyecto de decreto supremo para el reajuste de precios; sin embargo, la norma no avanza.
“El tractorazo realizado hoy es una expresión legítima de preocupación y de esperanza, una señal clara de que la industria de la construcción está dispuesta a defender su trabajo, a sus trabajadores y a la continuidad de las obras que Bolivia necesita”, remarcó el comunicado.
En ese contexto, el sector pide la implementación de medidas urgentes de reactivación económica para el sector.
La apertura de un espacio permanente de diálogo técnico entre el Gobierno y la industria de la construcción y rechaza las medidas en contra de las empresas constructoras como la resolución de contrato como medida coercitiva hacia el contratista.
