El Gobierno dispuso este martes el envío de una comisión de alto nivel a Rurrenabaque, en el departamento de Beni, con el objetivo de dialogar con los marchistas indígenas y campesinos que avanzan desde Pando en rechazo a la Ley 1720 de conversión de propiedad agraria.
El ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, informó que la delegación buscará explicar los alcances de la norma y evitar que la movilización continúe hacia La Paz.
La comitiva está integrada por el viceministro de Tierras, Hormando Vaca Díez; el viceministro de Desarrollo Agropecuario, Karel Rivero; y el viceministro de Seguridad Ciudadana, Rolando Montaño.
También participa el director del Instituto Nacional de Reforma Agraria, Hernán Pereira, junto a un equipo técnico.
Justiniano explicó que el diálogo resulta “imperativo” ante las demandas expresadas por los sectores movilizados, que iniciaron la marcha el 8 de abril, y señaló que gran parte de estas organizaciones se asienta en Tierras Comunitarias de Origen, predominantes en Pando.
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El ministro insistió en que la ley no afecta la propiedad colectiva y remarcó que la normativa se aplica únicamente a pequeñas propiedades privadas, por lo que la conversión a mediana propiedad depende de la decisión voluntaria de cada titular.
“La ley no obliga absolutamente a nadie”, afirmó.
En la misma línea, el presidente Rodrigo Paz descartó impactos negativos sobre comunidades indígenas y campesinas, en respuesta a las críticas que advierten posibles riesgos de concentración de tierras.
La movilización mantiene su rumbo hacia la sede de gobierno con la demanda de anulación de la norma, mientras el Ejecutivo apuesta por el diálogo para desactivar el conflicto.
