La informalidad laboral se ha consolidado como uno de los principales obstáculos para el desarrollo económico en América Latina y el Caribe. Lejos de ser un fenómeno coyuntural, su persistencia refleja debilidades estructurales que afectan la productividad, el crecimiento y dificultan la reducción de la pobreza. En este escenario, Bolivia aparece entre los casos más críticos.
Según datos de organismos internacionales como el Banco de Desarrollo para América Latina y El Caribe-CAF, la informalidad alcanza en promedio al 55% de los trabajadores en la región, mientras que en Bolivia supera el 80%, una de las tasas más altas de América Latina. Esos datos son parte del informe “Impulsando el crecimiento en un mundo cambiante”.
El diagnóstico es coincidente con el más reciente informe del Banco Mundial, “Panorama Económico de América Latina y El Caribe”, que advierte que el crecimiento regional —proyectado en apenas 2,1% para 2026— sigue condicionado por problemas estructurales no resueltos, entre ellos la debilidad del mercado laboral y la alta informalidad.
Desde una perspectiva económica, la informalidad representa un freno directo al crecimiento. Las empresas que operan fuera del marco regulatorio tienden a mantenerse pequeñas para evitar costos, lo que limita su acceso a financiamiento, reduce la inversión y frena la adopción tecnológica.
Economía fragmentada
Este comportamiento genera una asignación ineficiente de recursos: capital y trabajo se concentran en unidades productivas de baja productividad, en lugar de desplazarse hacia sectores más dinámicos.
El resultado es una economía fragmentada, con predominio de microemprendimientos de subsistencia, una característica particularmente marcada en Bolivia.
El problema no se limita a las empresas. El Banco Mundial señala que la informalidad está estrechamente asociada con el bajo nivel educativo, el autoempleo y la actividad microempresarial, lo que reduce el acceso de los trabajadores a empleos más productivos y mejor remunerados.
Además, advierte que este fenómeno no responde únicamente a fallas regulatorias, sino también a los escasos beneficios que ofrece el empleo formal para amplios segmentos de la población, especialmente los trabajadores poco calificados.
En Bolivia, esta dinámica se refleja en el peso del trabajo por cuenta propia, que en muchos casos responde más a estrategias de subsistencia que a emprendimientos con potencial de crecimiento.
Las consecuencias son claras: los trabajadores informales perciben ingresos más bajos, carecen de acceso a seguridad social y tienen menos oportunidades de capacitación.
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Incentivos
Esto afecta directamente la acumulación de capital humano y debilita los incentivos para invertir en educación, generando un círculo vicioso de baja productividad y empleos precarios.
Para el presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Gonzalo Morales, la informalidad es un “refugio” de la población frente al descenso del salario real y la coyuntura económica.
Morales dijo a La Razón que en 2025 la tasa de desempleo urbana cayó a un mínimo histórico de 2,3% de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE); sin embargo, no por una “bonanza económica”; sino que se trata de una recomposición de la fuerza laboral, según el Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo (Inesad).
“La población laboral busca contrarrestar el deterioro de los ingresos laborales reales. Entre 2024 y 2025, los ingresos reales descendieron 13,4% debido a un aceleramiento de la inflación que alcanzó el 20,4%”, dijo Morales.
Y explicó que frente al descenso del salario real y en la actual coyuntura, “la población laboral ha optado por refugiarse en el sector informal”.
En criterio del presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz, Rolando Kempff, Bolivia lidera la informalidad en la región y el 80% de la población económicamente activa está en ese sector.
Kempff dijo que ya en 2022, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) alertó que en Bolivia el 80% de las personas trabaja en la informalidad. “Y el 87% de ese grupo son mujeres y, de ese porcentaje, 4 de cada 10 desempeñan sus actividades por cuenta propia”, dijo a La Razón y señaló que el perfil de los empleados informales es de plomeros, comerciantes ambulantes, pequeños emprendedores que tienen su centro de producción en su casa”.
Burocracia
Para Morales existen factores estructurales que impulsan la informalidad como la alta burocracia y costos administrativos para formalizar a las actividades económicas, Mencionó, además, la alta presión tributaria, el incremento del salario nominal en el sector formal y en contrapartida la caída de la productividad laboral.
“El estancamiento económico y la inseguridad jurídica, a su vez, están impulsando la informalidad laboral”, dijo.
Kempff coincide y apunta a la burocracia, que con su “insensibilidad hace que los trámites en Bolivia se tornen indefinidos”.
“Hace poco, en un comentario mío que se publicó en los periódicos locales, afirmaba que el Índice de Burocracia 2025 señala que abrir una empresa formal en Bolivia puede tomar entre 25 y 85 días. En contraste, en Brasil —el país mejor calificado de la región— este proceso requiere apenas 10 días. Este dato ilustra el verdadero viacrucis que enfrenta el empresario boliviano que busca formalizarse”, explicó.
Asimismo, dijo que, en Bolivia, las empresas deben destinar aproximadamente 1.796 horas al año —equivalentes a 225 jornadas laborales— para cumplir con requisitos como la renovación de matrícula de comercio, visados laborales y el pago de impuestos, entre otros. “En Uruguay, en cambio, estas gestiones demandan poco más de 400 horas anuales. La brecha es evidente y preocupante”.
Kempff también mencionó la política salarial practicada por la anterior administración del país. “Si se dispone de un aumento salarial indiscriminado solo se afecta a las empresas formales, muchas de ellas tuvieron que pasar a la informalidad o cerrar, por la imposibilidad de cumplir estas disposiciones del Gobierno”.
Impacto
El impacto de la informalidad también se extiende al ámbito social. La volatilidad de los ingresos en este tipo de empleo hace más vulnerable la reducción de la pobreza frente a desaceleraciones económicas.
Además, según el Banco Mundial, complica la medición de la desigualdad, ya que los ingresos informales son más difíciles de capturar, lo que puede distorsionar la lectura del bienestar económico.
Desde el punto de vista fiscal, la informalidad reduce la base tributaria y limita la capacidad del Estado para financiar políticas públicas. Esto ocurre en un contexto donde la región enfrenta altos niveles de deuda, costos de financiamiento elevados y un espacio fiscal cada vez más reducido.
El efecto es doble: menos recursos para inversión pública y menor capacidad para impulsar reformas estructurales que mejoren la productividad.
Tanto CAF como el Banco Mundial coinciden en que la informalidad es uno de los factores estructurales que explican el bajo crecimiento de la región. América Latina no solo crece poco, sino que tiene dificultades para generar empleos formales de calidad.
En este contexto, reducir la informalidad no depende únicamente de mayores controles, sino de transformaciones más profundas: mejorar la calidad del empleo formal, reducir los costos de formalización, ampliar el acceso al crédito y fortalecer la educación y la capacitación laboral.
Para Bolivia, donde la informalidad domina el mercado laboral, el reto es aún mayor. Sin avances en este frente, las posibilidades de lograr un crecimiento más dinámico, diversificado e inclusivo seguirán limitadas.
