El director de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), Pablo Camacho, presentó un diagnóstico que desnuda la crítica situación de las empresas estatales: pérdidas acumuladas que superan los 2.655 millones de bolivianos, proyectos mal diseñados y plantas que nunca llegaron a funcionar como se prometió.
Industrialización fallida
Camacho explicó que muchas industrias creadas bajo el discurso de la industrialización hoy están paralizadas, mal ubicadas o sin materia prima. Ejemplos como la planta de fertilizantes de EBIH en Cochabamba, que en tres años ya muestra corrosión y apenas produce “el 10% de su capacidad, reflejan el fracaso de la planificación”.
Otro caso emblemático es la planta de papas fritas en Viacha, construida en un terreno privado y dependiente de insumos importados. “Realmente es un absurdo lo que han hecho con esa planta”, afirmó, al recordar que el proyecto costó 23 millones de dólares y nunca tuvo soberanía productiva.
El funcionario también cuestionó la falta de previsión en proyectos de biodiésel, donde se levantaron plantas sin sembrar la materia prima necesaria. “Se olvidaron sembrar macororo, y en el caso de la palma africana tardará siete años en producir”, dijo, subrayando la improvisación que caracteriza a varias iniciativas.
Golpe al patrimonio del Estado
Según el diagnóstico, 17 plantas se encuentran en quiebra técnica, con pérdidas superiores al valor de su patrimonio. Otras 13 están en criticidad media y apenas 12 logran generar utilidades, aunque no con la eficiencia esperada. Solo tres empresas —YPFB, Entel y ENDE— muestran ingresos significativos, pero insuficientes frente a los estándares internacionales.
Camacho recordó que los recursos para financiar estas industrias provinieron de las reservas internacionales. “Las cifras son de terror, hablamos de casi 73 mil millones de bolivianos diluidos en proyectos fallidos”, señaló.
El director de la OFEP reconoció que sus atribuciones son limitadas, pero destacó que se logró transparentar la información y ponerla a disposición de la ciudadanía. “Hoy ya tenemos un diagnóstico claro, ahora corresponde al Gobierno decidir si cierra lo que no funciona, reordena lo que puede salvarse o cambia de fondo el modelo de empresas públicas”, mencionó.
