La Fundación Tierra expresó su rechazo a la Ley 1720 y pidió su abrogación inmediata. La institución cuestionó el contenido de la norma y alertó sobre sus efectos en la propiedad agraria y los territorios colectivos.
La Ley 1720, que permite la conversión voluntaria de pequeña a mediana propiedad, enfrenta críticas por generar asimetría en el acceso a créditos, posibles riesgos a la propiedad colectiva de Tierras Comunitarias de Origen (TCO) y falta de consulta previa.
Sectores campesinos temen que facilite la individualización de tierras y el endeudamiento. Incluso, algunos parlamentarios advirtieron que dicha norma impulsaría el latifundio en el país.
En un pronunciamiento, la entidad se refirió a la figura de “conversión voluntaria” y señaló que esta disposición genera preocupación y motivó el rechazo de la marcha indígena campesina que arribó a la sede de Gobierno tras 28 días de caminata en lluvias y condiciones climáticas adversas.
“La pequeña propiedad goza de protección del Estado porque es considerada el lugar de vivienda, de trabajo, fuente principal de alimentación del propietario y su familia”, afirma el documento.
De ese modo, la institución argumenta que la “conversión voluntaria” constituye “el abandono de deberes constitucionales del Estado en materia de reconocimiento, regulación y protección agraria y ambiental”.
La organización también cuestionó el rol del Estado frente a esta normativa. “El Estado está renunciando a su rol indelegable y constitucional de hacer cumplir la Función Económica y Social de la tierra”.
Lea también: Cortez advierte que Ley 1720 puede agravar conflicto por tierras
Asimismo, advirtió que los sectores empresariales del agro resultan los principales beneficiarios, ya que podrán adquirir parcelas sin límites. Indicó que varios actores fraccionaron predios “para figurar como pequeños propietarios y así cumplir la función social, obtener títulos agrarios y evitar el pago” de obligaciones.
El documento alertó sobre riesgos para comunidades indígenas y campesinas. “Las propiedades colectivas quedan expuestas a amenazas de fraccionamiento y parcelación”, advierte, y agrega que la norma “sienta precedentes para el avasallamiento de territorios y comunidades”.
La Fundación Tierra ratificó su respaldo a la marcha indígena campesina y afirmó que la exigencia de abrogación no es solo una demanda sectorial, sino una condición fundamental para la justicia, la seguridad jurídica y la vigencia del Estado de derecho.
