Autoridades de Gobierno participaron de una reunión interinstitucional para fortalecer la coordinación y establecer criterios claros para la atención de trámites relacionados con licencias ambientales y licencias de operación en el sector minero.
La junta reunió a representantes del Ministerio de Minería y Metalurgia, del Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal, y de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM).
En el encuentro, las entidades participantes analizaron aspectos técnicos y normativos vinculados a los procedimientos administrativos vigentes, acordando que la obtención de la Licencia Ambiental constituye un requisito indispensable para acceder a una Licencia de Operación, en estricto cumplimiento de la normativa legal aplicable.
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Licencias ambientales
Asimismo, se informó que la AJAM se encuentra a la espera de la habilitación de la cuenta oficial del Centro de Investigaciones, Ensayos y Materiales de Construcción y Minería (CEIMM), gestionada por el Ministerio de Minería y Metalurgia, con el fin de dar continuidad y mayor agilidad a los procedimientos administrativos correspondientes.
En la reunión también se precisó que los actores que forman parte de la cadena productiva minera y cuentan con un área minera legalmente establecida no requerirán una Licencia de Operación. Sin embargo, deberán tramitar y obtener la respectiva Licencia Ambiental, conforme a las disposiciones legales y ambientales vigentes.
Las instituciones participantes coincidieron en la importancia de fortalecer los mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional para brindar mayor certidumbre jurídica y administrativa a los operadores mineros, promoviendo al mismo tiempo el cumplimiento de la normativa ambiental y el desarrollo sostenible de la actividad minera en el país.
En una nota pública, Minería reafirmó el compromiso del Gobierno en impulsar una gestión minera responsable, transparente y alineada con los principios de protección ambiental, seguridad jurídica y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.
