La presidenta de la Aduana Nacional (ANB), Marlene Ardaya, fue demandada ayer penalmente por los fiscales asignados a esta entidad. La acusación es por «allanamiento» a sus oficinas, donde se instalaron cámaras de video para control del personal.
Ardaya fue notificada ayer en las mismas oficinas de la Fiscalía de Distrito, donde fue a prestar declaración por otro caso relacionado con la adquisición de equipos para la entidad aduanera.
A su salida, la presidenta de la Aduana declaró a los medios que fue «sorprendida» al ser notificada con este «nuevo proceso penal» iniciado en su contra por cuatro fiscales asignados a esa entidad.
A principios de este mes, la Aduana Nacional puso en marcha un mecanismo de control que pretende frenar el contrabando técnico y el ingreso de mercaderías prohibidas al país.
Según Ardaya, los fiscales arguyen que no fueron notificados sobre la instalación de cámaras de video en sus oficinas. «Qué tienen que ocultar (los fiscales) que inmediatamente me hacen notificar con un proceso penal, cuál es su temor», se preguntó.
En la Aduana se informó que los fiscales asignados a esa entidad son cuatro, pero que —por el momento— sólo dos laboran a tiempo completo: Milena Alba y Sheila Pérez. Ardaya calificó como un «duro golpe a la presidencia» la demanda presentada y advirtió a los fiscales con pedir su cambio si acaso no transparentan sus acciones. «Yo los llamo —dijo— a que trabajen con la Aduana».
ANB rechaza pago de equipos con radiación
La Aduana Nacional denunció ayer que un juez emitió un fallo que obliga a esa entidad a pagar por la adquisición de dos escáneres de control aeroportuario, adquiridos el 2008 con sobreprecio y a través de un contrato lesivo a los intereses del Estado.
La presidenta de la Aduana, Marlene Ardaya, denunció que los equipos se encuentran precintados en dependencias de los aeropuertos de Viru Viru y de El Alto, porque no fueron utilizados luego de constatar que tienen altos niveles de radiación, peligrosos para la salud de las personas.
No obstante, dijo —según la estatal ABI— que un juez está decidido a obligar a la Aduana a pagar por las máquinas, así sea a través de un proceso penal.
