El Gobierno prevé pagar no más de $us 1.000 millones (MM) por la nacionalización de las firmas petroleras, afirmó el vicepresidente Álvaro García Linera, quien sostuvo que se trata de «un buen negocio» para el país si se consideran los ingresos generados con la estatización.
«Tengan toda la seguridad de que el proceso de nacionalización, el pago, la indemnización que tenemos que hacer a la ex Transredes, a la ex Chaco, a la ex Andina, a la ex CLHB —en el peor de los casos, y estoy exagerando— va a llegar a los $us 1.000 millones», aseguró ayer el Vicepresidente en una rueda de prensa en el Palacio de Gobierno.
Recordó la información difundida por el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas, en sentido de que en los cuatro años de nacionalización de los hidrocarburos, la estatal generó ingresos por un total de $us 7.500 millones por concepto de regalías, impuestos y participación empresarial.
«Entonces es un buen negocio, $us 7.000 millones a cambio de $us 1.000 millones, no hay dónde perderse, el Estado ha ganado nacionalizando», sostuvo García Linera.
La autoridad añadió que la política de estatización «no es sólo un tema de dignidad y soberanía económica, sino también de control del excedente económico».
A la fecha, el Estado controla el 32% de la producción de riqueza y «va a seguir incrementando su capacidad productiva hasta un 35 ó 40%», aseguró el Vicepresidente.
COSTO. En el libro Nacionalización. Los costos de una ilusión, el analista en temas hidrocarburíferos Franceso Zaratti afirma que el costo probado que le significó al Estado boliviano la recuperación de las petroleras capitalizadas es a la fecha de $us 429,4 millones.
Por la compra de acciones de Andina —donde la española Repsol YPF tenía una participación mayoritaria—, se pagó $us 7,9 millones, detalla el experto. En este caso, el Estado adquirió las acciones necesarias para tener el control de la firma. A Chaco, cuyo accionista mayoritario era Pan American Energy (PAE), se le ofreció $us 1,2 millones para tener el control de la empresa.
En el caso de Transredes, las capitalizadoras Shell y Ashmore obtuvieron $us 308,2 millones en total ($us 67 millones por sus acciones y $us 241 millones por concepto de indemnización).
Finalmente, por la compra de las refinerías de Petrobras, el Gobierno desembolsó $us 112 millones.
Además de las cifras a las que hace referencia Zaratti, están los montos demandados por aquellas petroleras que iniciaron arbitrajes contra el país tras la nacionalización de sus inversiones. El 12 de enero del 2010, Oiltanking-Grupo Graña y Montero presentó arbitraje en contra de Bolivia. El consorcio pide $us 40 millones por la expropiación de sus acciones en la Compañía Logística de Hidrocarburos Boliviana (CLHB).
La empresa anglo-argentina PAE presentó el 12 de marzo de este año una demanda contra Bolivia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones (CIADI). Aún se desconoce el monto de indemnización que pide por sus acciones.
Demandan al país por millones
Telecom
El holding Euro Telecom International (ETI) pide 700 millones de euros ($us 900 millones, al tipo de cambio actual), además del pago de un «interés compuesto» de 10% sobre el monto que se establezca en el laudo arbitral por la expropiación de sus acciones en Entel.
Quiborax
La empresa Quiborax, subsidiaria de la firma chilena Non Metallic Minerals, demanda del Estado el pago de $us 66 millones por la reversión de sus concesiones para la explotación de ulexita en el salar de Uyuni.
