Carlson Dividend Facility, filial de Swedfund (Fondo de Desarrollo del Gobierno sueco), también notificó al Estado boliviano del inicio de una controversia por la nacionalización de la generadora eléctrica Corani, donde poseía 0,074% de las acciones.
Así lo informó ayer la ministra de Defensa Legal del Estado, Elizabeth Arismendi, quien dijo que, para iniciar la disputa, la compañía se acogió al tratado que Bolivia firmó con Suecia.
Similar medida fue la adoptada por la firma francesa GDF Suez, cuya participación accionaria en Corani era del 50%.
El consorcio se acogió al Tratado para la Promoción y Protección de Inversiones suscrito entre Bolivia y Francia. El convenio establece un lapso de seis meses para llegar a un acuerdo amistoso previo al inicio de un arbitraje internacional.
De igual manera, el Acuerdo sobre la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, firmado el 20 de septiembre de 1990 con Suecia, fija ese mismo período de tiempo antes de someter la disputa a consideración de un tribunal arbitral.
«El reglamento de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL, por sus siglas en inglés) se aplicará en el proceso arbitral», se lee en el Artículo 8 del tratado.
El 1 de mayo, el presidente Evo Morales nacionalizó además las generadora Guaracachi y Valle Hermoso. En el primer caso, su principal social —la británica Rurelec PLC— inició también una disputa con Bolivia. En el segundo, Arismendi aseguró que todavía «no tenemos ninguna notificación».
Agregó que se esperará que los capitales bolivianos afectados por la nacionalización de Valle Hermoso (Bolivia Generating Group) se pronuncien.
Por otra lado, la autoridad sostuvo que previo al inicio de las negociaciones, las tres firmas eléctricas deben contratar el estudio de valuación de sus acciones. El decreto de nacionalización 493 establece para ello un plazo de 120 días.
«Ninguna de las empresas señaló un monto (de compensación (…) Si no tenemos un monto determinado por un experto cómo podemos entrar a una negociación», aseveró la titular de Defensa Legal.
Retoman tratativas con la suiza Glencore
El Gobierno retomó las negociaciones con la empresa Sinchi Wayra, filial de la suiza Glencore, por la reversión de sus fundiciones de estaño y antimonio.
«Con Sinchi Wayra también hay acercamientos para hacer conciliaciones», aseveró ayer la ministra de Defensa Legal del Estado, Elizabeth Arismendi.
Explicó que las tratativas por la reversión de la planta Vinto Estaño «han estado en suspenso» debido a la transición de las concesiones de la empresa en las minas Porco, Colquiri y Bolívar a contratos de riesgo compartido. «No ha habido voluntad de arreglar aquello; sin embargo, se están retomando nuevamente estas negociaciones para llegar a una conciliación», sostuvo la ministra.
En el caso de Vinto Antimonio, revertida por decreto del 1 de mayo de este año, Arismendi señaló que el mayor interés de la empresa es recuperar las 150 toneladas de estaño que se encuentran almacenadas en la fundición.
