La Confederación de Gremiales de Bolivia se encuentra en estado de emergencia en rechazo al proyecto de Ley de Modificación al Código Tributario y la Ley General de Aduanas. Afirman que la norma atenta contra sus intereses y anuncian movilizaciones si sus peticiones no son atendidas.
La noche del lunes, una masiva marcha de vendedores de electrodomésticos de populosos centros comerciales como las calles Huyustus y Eloy Salmón partió de la ciudad de El Alto hacia la sede de gobierno en rechazo a la aprobación de la nueva norma. Horas después, el pleno de la Cámara de Diputados sancionó en grande el proyecto de ley sin modificaciones.
El secretario general de la Confederación de Gremiales de Bolivia, Zenón Yupanqui, aseguró ayer en entrevista con La Razón que más de «150 mil gremiales a nivel nacional se encuentran en estado de emergencia» ante la medida que «atenta» contra los intereses del sector, pues ellos «son comerciantes y no contrabandistas».
El 8 de julio, comerciantes minoristas de la Huyustus solicitaron una audiencia con la presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), Marlene Ardaya, para solicitar cursos o seminarios informativos sobre el nuevo proyecto de ley y hacer presente el reclamo de sus afiliados.
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce, explicó luego de la aprobación en grande del proyecto de ley en Diputados que en los últimos tres años las cifras del contrabando se incrementaron de $us 265 millones el 2006 a $us 300 millones el 2007 y $us 473 millones el 2008, según datos de las exportaciones hechas por otros países hacia Bolivia que no son registradas como importaciones.
«En cuatro años el contrabando ha sufrido incrementos sustanciales cuantitativos que requieren medidas urgentes, entre éstas la modificación total de la Ley de Aduanas», expresó.
El documento presentado el 2 de julio por el Ejecutivo propone siete artículos en los que se modifica el régimen de delitos aduaneros y sus procedimientos, así como las sanciones de los mismos. El artículo 7, por ejemplo, endurece las penas, subiendo de cuatro a ocho años los delitos de contrabando contemplados en la Ley General de Aduanas; delitos que se agravarán en un tercio si hay participación de servidores públicos.
El artículo 2 señala que en materia de contrabando no se admiten las medidas sustitutivas a la detención preventiva. El artículo 4 establece la confiscación y posterior entrega a la Policía y a las Fuerzas Armadas de bienes relacionados con este delito.
«Hemos pedido al Gobierno que nos haga partícipes de la discusión de la Ley General de Aduanas y ya solicitamos una reunión con el viceministro de Coordinación (con los Movimientos Sociales), César Navarro», manifestó Yupanqui. Informó, además, que el sector se reunirá la siguiente semana en un ampliado nacional donde se definirán las medidas de presión que seguirán si sus peticiones no son atendidas.
Postergan el análisis del proyecto
El presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados, Marcelo Elio, informó ayer que la Asamblea Legislativa iniciará el 19 de julio un receso de 15 días, por lo que se postergará el tratamiento en detalle del proyecto de Ley de Modificación al Código Tributario y a la Ley General de Aduanas hasta el 2 agosto.
Los choferes se reúnen mañana para tomar posición
La Confederación de Choferes de Bolivia determinará mañana las medidas que tomará con respecto al proyecto de Ley de Modificación del Código Tributario y la Ley General de Aduanas, informó ayer el dirigente Franklin Durán.
El sector transportista sindicalizado observa el artículo 4 del proyecto de ley que se refiere a la confiscación de bienes, como vehículos que son usados para el transporte de mercadería ilegal.
Por otra parte, el 8 de julio, la Cámara Boliviana de Transporte Nacional e Internacional desmintió en una carta dirigida a la presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia, Marlene Ardaya, que su sector estuviese en estado de emergencia por la nueva norma.
