«Con la garantía máxima de transparencia, los recursos que administre la Gestora se invertirán en títulos valores, como actualmente lo hacen las AFP (privadas)», aseguró el Viceministerio de Pensiones, en respuesta a un cuestionario enviado por La Razón.
Según la entidad, «en el pasado no existía fiscalización y además los recursos formaban parte de los fondos complementarios y fueron utilizados de forma discrecional. Con la nueva Gestora no hay esa posibilidad, porque los recursos sólo pueden ser usados en inversiones que la Ley dispone».
En cuanto a su manera de operar, «de la misma manera que hoy, el patrimonio de la Gestora será independiente del patrimonio de los aportes de los trabajadores, los que constituyen un patrimonio autónomo. El régimen de inversiones será parecido al actual, incorporándose el apoyo a pequeñas y medianas empresas a través de inversiones en las mismas», menciona el viceministerio.
La nueva Ley de Pensiones es parte de las cuatro leyes sociales que trabaja el Gobierno y que consensúa con la Central Obrera Boliviana (COB). En ese rubro, el único punto de divergencia entre el Gobierno y los dirigentes de la COB es el tema de la pensión solidaria de vejez, fruto de la creación de un fondo que permitirá incrementar las rentas bajas.
El 19 de julio, el viceministro de Pensiones, Mario Guillén, adelantó que el proyecto de la nueva norma sería enviado a la Asamblea Legislativa el 9 de agosto.
Agregó que una vez aprobada la iniciativa legislativa, el Gobierno prevé una recaudación anual de Bs 800 millones, provenientes tanto del aporte patronal como laboral, para la pensión solidaria.
El miércoles, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Óscar Calle, reveló que sólo el 11,45% de la población económicamente activa aporta para su jubilación a alguna de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) privadas.
EL GOBIERNO SERÁ JUEZ Y A LA VEZ PARTE
Según el Viceministerio de Pensiones, la entidad que fiscalizará y controlará a la Gestora de Seguridad Social de Largo Plazo será la Autoridad de Fiscalización de Control Social de Pensiones, dependiente del Ministerio de Economía. Recordó que los actuales jubilados en las AFP seguirán percibiendo sus rentas en el ente estatal.
