Por segundo día consecutivo, miles de comerciantes cercaron la plaza Murillo exigiendo la modificación del proyecto de ley de lucha contra el contrabando y anunciaron medidas radicales como la toma de instituciones y bloqueos. El Gobierno, por su parte, ratificó la aprobación de la norma.
Desde el lunes, trabajadores por cuenta propia y comerciantes minoristas de distritos comerciales de La Paz y de la «Superferia» de Oruro colapsaron el centro paceño protestando con marchas y bloqueos en contra del proyecto de Ley de Modificación al Código Tributario y a la Ley General de Aduanas.
El presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, afirmó en conferencia de prensa que la norma es «buena para el país, para el Estado y para el comerciante y (la misma) sólo es rechazada por una red de grandes contrabandistas que utilizan a los comerciantes atemorizándolos para que éstos se movilicen (…). No podemos rendirmos frente al contrabando; la ley tiene que ir», remarcó.
Agregó que «los contrabandistas están empujando a los comerciantes diciéndoles: si hay la ley contra el contrabando, tu producto va a ser más caro y no te van a comprar. ¡Falso! El producto va a valer lo mismo, sólo que el dinero en vez de ir a un privado millonario contrabandista va a ir al Estado».
Al pagar impuestos por una mercancía, dijo, el valor de la misma se incrementa en Bs 1 ó 2: esos recursos son destinados a salud, educación, construcción de carreteras, renta Dignidad y al bono Juancito Pinto. «Estamos aquí 15 mil comerciantes de Oruro para decirle al Gobierno que no estamos de acuerdo con esta ley.
Las autoridades deben enfrentar al contrabando en las fronteras y no así en nuestros puestos de venta», replicó el dirigente de los comerciantes minoristas, Francisco Figueroa.
PROYECTO. Los comerciantes piden al Ejecutivo el cambio del artículo 2 del proyecto de ley (que establece que no existen medidas sustitutivas en el delito de contrabando); del artículo 4 (que determina la confiscación de los bienes muebles e inmuebles de los contrabandistas y su posterior entrega a entidades públicas); y del artículo 7 (que endurece en un tercio las penas de privación de libertad por cometer el delito).
«Nosotros no hemos participado en la elaboración del proyecto. En su reglamentación (además) puede sufrir distorsiones que afectarían a miles de compañeros», manifestó el secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores por Cuenta Propia de Bolivia, Genaro Tórrez.
Marcelo Arancibia, dirigente orureño del sector, aseguró a su vez que si el Gobierno aprueba la nueva norma sin la participación de los comerciantes, las movilizaciones se radicalizarán, «habrá otras medidas como el bloqueo de carreteras y la toma de instituciones públicas».
Posición. Durante casi ocho horas, entre 4.000 y 5.000 comerciantes se asentaron alrededor de la plaza Murillo y cercaron el Palacio de Gobierno y la Asamblea Legislativa. Los manifestantes soltaron decenas de petardos en reiterados intentos de provocar la reacción de la Policía.
El proyecto de ley ya fue aprobado en su estación en grande por la Cámara de Diputados y se espera que hoy se reanude el tratamiento de la norma en su estación en detalle.
«El presidente (Evo) Morales ha prometido en su campaña que todas las leyes iban a ser consensuadas con todos los sectores y esperamos que cumpla con esa promesa», manifestó Figueroa. Los comerciantes, agrupados en diferentes sindicatos, anunciaron que engrosarán las marchas en La Paz, con la llegada a la sede de gobierno de más afiliados del interior de Bolivia.
Vice sale con dificultad del cerco
El cerco de los comerciantes a la plaza Murillo causó dificultades en la salida de autoridades del Gobierno, como el vicepresidente Álvaro García, y representantes de otros países como la Embajadora de Venezuela. La Policía tuvo que gasificar a los manifestantes para darles vía libre.
