Antes de aprobar el proyecto de Ley de Modificación al Código Tributario y a la Ley General de Aduanas, la Cámara de Diputados cambió el texto original del mismo en relación con la sanción para funcionarios públicos que incurran en contrabando y elevó la misma de 13 a 15 años de cárcel.
Para castigar el comercio ilegal, la norma dispone una pena mínima de cinco años de privación de libertad y una máxima de 10. Inicialmente, la propuesta legislativa disponía que la sanción se incrementaría en un tercio, es decir a 13 años, para los funcionarios públicos involucrados en el delito. Antes de su aprobación, la Cámara Baja elevó la pena a 15 años.
«Para cualquier contrabandista, la pena es de 5 a 10 años (de cárcel) y para un funcionario público es de 15 años», informó ayer a La Razón Cecilia Ayllón, presidenta de la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados.
La modificación al texto original del proyecto de ley, explicó la asambleísta, se realizó atendiendo un pedido de gremialistas y transportistas, «quienes han señalado que la mayor corrupción que se ve es en los funcionarios aduaneros, por lo que consideraban que ellos deberían ser los mayormente sancionados».
Ayllón precisó que la pena máxima de 15 años de presidio incluye a «policías, militares y a todo aquel que ejerza función pública y que haya cometido, colaborado o haya sido cómplice de un delito aduanero». La propuesta legislativa establece además la confiscación de bienes muebles e inmuebles de las personas implicadas en contrabando.
En ese tema, indicó la asambleísta, también se modificó parte del texto original. Señaló que la ley dice que en el caso de delitos tributario aduaneros los instrumentos del delito en particular camiones, autos y otros serán confiscados. «Ese ‘particular’ se ha cambiado por ‘como’. Es una importante modificación, a pedido de los gremialistas. Ya no se particulariza, ya no se señala de manera específica el instrumento del delito sino que se generaliza», subrayó. El proyecto de ley, sancionado a las 4.00 de ayer por Diputados, ya fue enviado a la Cámara de Senadores para su tratamiento, acotó Ayllón.
Bloqueo. Por otro lado, el secretario Ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia, Franklin Durán, anunció que sus afiliados del transporte interdepartamental y de carga iniciarán un bloqueo de carreteras de 24 horas a partir del lunes en rechazo a la nueva norma aduanera.
«Nosotros no podemos permitir (la aprobación de la ley) porque hay vehículos que cuestan el esfuerzo de una vida para todos nuestros compañeros y vamos a salir a luchar. El sector interdepartamental de buses, el de carga y el urbano de carga (se movilizarán) porque a ellos les afecta», argumentó, según la agencia ANF.
De su lado, los gremiales anunciaron que también el lunes reanudarán sus medidas de presión en contra del proyecto de ley. El sector protagonizó el miércoles una jornada de violencia que terminó con 19 personas detenidas en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y que provocó caos en la sede de gobierno.
La fiscalía imputa a 15 gremiales
Protesta
El Ministerio Público imputó a 15 de los 19 gremiales detenidos el miércoles por protagonizar disturbios en las vías de acceso a la plaza Murillo. Así lo informó el director departamental de la FELCC, Rosalío Álvarez, reportó ABI.
Operación
«Esas personas están imputadas por los delitos de daños a la propiedad pública, alteración del orden público, agresión física a policías y obstaculización de tránsito», precisó el jefe policial. Los otro cuatro gremialistas ya fueron liberados.
Empresarios apoyan la reforma legislativa
Los empresarios privados del país calificaron de positiva la aprobación, en la Cámara Baja, del proyecto de ley que modifica la Ley de Aduanas y el Código Tributario. Señalaron que ayudarán a la creación de fuentes de empleo para quienes abandonen el contrabando.
«Constituye una voluntad política del Estado por encarar con firmeza la lucha contra el contrabando (…). Apoyamos este proyecto de ley para que sea aprobado por (el pleno de) la Asamblea Legislativa Plurinacional», dijo ayer a los medios el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Daniel Sánchez.
Resaltó que la propuesta legislativa disponga sanciones y castigos más duros para los responsables del comercio ilegal. «Una de las razones que alientan al contrabando es que los delitos no se castigan y menos con la severidad necesaria como para que no se vuelva a incurrir en ellos», manifestó.
También se refirió al costo social que implica la aprobación de la norma. «Estamos convencidos de que tenemos la posibilidad de construir espacios donde se mejore la cantidad de inversiones que requiere el país para asumir el trabajo de las personas o compatriotas que van a quedar desempleados», complementó Sánchez.
Según el empresario, una vez que el contrabando sea castigado con severidad, «se van a generar mejores condiciones de vida, mejores posibilidades de sostener las políticas sociales del Estado».
El titular de la CEPB exhortó a los pequeños comerciantes a exigir que los «grandes capitalistas» que ingresan mercadería al país «paguen impuestos, nacionalicen la mercadería y les den posibilidades de actuar dentro de lo formal».
