El diputado Luis Dorado (PPB-C) presentó ayer ante la Fiscalía General del Estado una demanda penal en contra del titular de la ESM, Sergio Alandia, por 12 delitos cometidos en su gestión. Pidió, además, la detención preventiva del funcionario.
Los delitos contemplados en la denuncia son: incumplimiento de contrato, uso indebido de influencias, conducta antieconómica, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, resoluciones contrarias a la Constitución, incumplimiento de deberes, supresión y destrucción de documentos, uso de instrumento falsificado, difamación, atentado contra la libertad de trabajo y apropiación indebida.
Dorado, diputado de Plan Progreso para Bolivia-Convergencia Nacional (PPB-C), explicó que entre los hechos irregulares cometidos por el presidente interino de la Empresa Siderúrgica Mutún (ESM) está «la entrega simbólica de terrenos (a la Jindal Steel Bolivia-JSB) no saneados ni siquiera comprados ni mucho menos expropiados, pese a que él (Alandia) conocía de la situación jurídica de los predios».
La Razón intentó comunicarse reiteradamente con el titular de la ESM, pero éste no pudo ser ubicado ni en su oficina ni en su hotel. Si bien, la entrega de predios está contemplada en el Contrato de Riesgo Compartido que la ESM suscribió con JSB, Alandia «nunca hizo la entrega física y real de tierras debidamente saneadas», manifestó Dorado.
El documento también denuncia que Alandia ejecutó las boletas de garantía de Jindal, valuadas en $us 18 millones, bajo el argumento de que la siderúrgica india habría incumplido el contrato; sin embargo, la ejecución de las garantías, afirma Dorado, se efectuó utilizando documentos falsos e ilegales, así como la información de una auditoría elaborada «al gusto y sabor» del funcionario de la ESM.
«El contrato estaba y está suspendido porque la ESM y la Comibol no entregaron las tierras y, por lo tanto, las obligaciones contraídas por la empresa india no corren y no había por qué cobrar las boletas de garantía. Este hecho demuestra la maliciosa y dolosa intención de ocasionar la salida abrupta de Jindal y un grave perjuicio para el Estado», dijo.
En reiteradas oportunidades, agregó, Alandia hizo cometer errores al Gobierno que podrían costarle el pago de daños y perjuicios en caso de llegar a un posible arbitraje con la JSB.
«Existe el peligro de obstaculización de la verdad y Alandia tiene los medios suficientes para no someterse al proceso por lo que se pide su detención preventiva», afirmó a su vez la abogada de Dorado, Teresa Rosquellas. El fiscal General, Mario Uribe, tiene seis meses para investigar la denuncia formal de Dorado.
