Los empresarios nacionales pidieron al Gobierno que no actúe políticamente en temas como la expropiación de capitales privados o en las decisiones que toma la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas (AEMP).
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) emitió ayer un pronunciamiento donde afirma que «algunas autoridades están empeñadas en desacreditar a los empresarios nacionales para tratar de explicar algunas medidas tomadas y que tienen una dudosa justificación económica».
Aunque no lo menciona explícitamente, la CEPB hace referencia a la expropiación del 33,34% de acciones que tenía la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), cuyo socio mayoritario es el empresario Samuel Doria Medina, en la Fábrica Nacional de Cemento SA (Fancesa).
«Las decisiones que se toman para expropiar o recuperar empresas —que antes pasaron al sector privado— deben obedecer a principios de racionalidad económica y no responder primordialmente a objetivos políticos», señala la CEPB.
Dineros. Además, la patronal boliviana cuestiona el hecho de que el Gobierno destine recursos del erario público para compensar a los empresarios por la expropiación de sus empresas. «Los dineros de los bolivianos (…) no deben ser destinados a expropiaciones e indemnizaciones innecesarias, cuando bien pueden emplearse con mejores resultados en otras necesidades y prioridades que tiene el país», precisa.
«Definitivamente, nos preocupa que decisiones imprudentes y arbitrarias ahuyenten las inversiones privadas que tanto necesita Bolivia para generar empleo formal y digno».
Para los empresarios, hay una contradicción a nivel gubernamental entre lo que se dice y lo que se hace. «De poco sirve que un día se diga que en Bolivia hay seguridad jurídica para los inversionistas nacionales y extranjeros, si al otro día se toman medidas que contradicen esas afirmaciones».
La Confederación también lamenta que se «pongan tantas piedras en el camino» para impedir que en Bolivia pueda funcionar un modelo de empresas mixtas —caso Fancesa— y de alianzas público-privadas.
Respecto a la AEMP, los empresarios señalan que el ente regulador debe ser un «árbitro imparcial e independiente». «No nos oponemos a ser supervisados o fiscalizados», pero «exigimos que esta tarea se realice con parcialidad e independencia política».
La AEMP «no puede estar sometido a las decisiones políticas y, mucho menos, actuar con afanes de protagonismo político, desacreditando injustamente a empresarios nacionales».
Ejecutivo no se pronuncia
Posición
La Unidad de Comunicación del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas dijo que el ministro Luis Arce Catacora no se pronunciará sobre este tema.
