La mañana de ayer, el vicepresidente Álvaro García adelantó que «el presidente (Evo Morales) va a hacer un anuncio muy importante sobre el tema de minería en Karachipampa». Se esperaba que el Jefe de Estado dé la noticia en el aniversario de Betanzos (Potosí), pero no ocurrió.
Una alta fuente oficial confirmó a La Razón que «se ha establecido que sea la Comibol (Corporación Minera de Bolivia) la que se haga cargo de las operaciones en la planta de fundición de metales de Karachipampa».
La planta fue construida en 1980, pero nunca funcionó, primero por falta de inversión y luego por problemas con la firma Atlas Precious Metals (APM). La empresa habría incumplido con las inversiones comprometidas y ocasionó que el Gobierno ejecute sus boletas de garantía valuadas en $us 18 millones.
El hecho de que el presidente Morales anuncie el inicio de operaciones de la planta de Karachipampa «es una decisión política», complementó la fuente.
Se supo que la Comibol invertirá $us 17 millones en la puesta en marcha de la fundición de plomo y plata y que la reactivación del proyecto estará «garantizada» con recursos del Banco Central de Bolivia (BCB).
Ante los problemas que sostenía la empresa APM, el 9 de junio de este año la dirigencia de los obreros de la planta de fundición y el Gobierno suscribieron un acuerdo, donde el Ejecutivo se compromete a hacerse cargo del proyecto, «ante cualquier percance» con Atlas.
«Nosotros pediremos que el convenio se respete y que el proyecto no quede paralizado», indicó el dirigente de los trabajadores Miguel Loayza.
El presidente ejecutivo de Comibol, Hugo Miranda, aseguró que la salida de Atlas no afectará los proyectos del Gobierno porque ya se cuenta con otro plan para «hacerse cargo» del mismo.
Por su parte, el abogado de la APM, Jorge Valle, informó de que la empresa recibió del Gobierno una «propuesta de indemnización que fue inmediatamente rechazada», porque se considera que las inversiones realizadas y el emprendimiento son mayores a la oferta gubernamental.
Adelantó que mañana ambos sectores sostendrán una reunión en la cual APM espera «una oferta justa para irse, porque la continuidad de nuestra presencia en Karachipampa está descartada; de lo contrario, iniciaremos un arbitraje internacional, quizás, en Estados Unidos».
La fuente oficial corroboró que el Gobierno busca «la disolución del contrato» con la firma canadiense.
TRATATIVAS ENTRE DOS EMPRESAS
CONTRATO
En junio del 2005, Comibol y Atlas firmaron un contrato de riesgo compartido para la reactivación de Karachipampa.
ARBITRAJE
Actualmente, Atlas solicitó un proceso arbitral ante la Cámara Nacional de Comercio (CNC) para disolver el contrato con la estatal Comibol.
El Gobierno enfrentará problemas
La planta de Karachipampa va a tener un problema porque es una planta para minerales de plomo y plata y estos minerales son los que menos tenemos en el país, por esa razón han habido problemas en la adquisición de materia prima.
Nosotros somos un país que tenemos más minerales de zinc con algo de plata, por eso Atlas hizo poner una planta adicional para tratar minerales de zinc. Los residuos de ese tratamiento pueden servir a la otra planta para que generen una cantidad importante de plata que ahora tiene un buen precio.
Sin embargo, Atlas dependía de lo que pueden hacer San Cristóbal, San Vicente o Sinchi Wayra para el abastecimiento, pero estas empresas ya tenían contratos cerrados. La segunda fuente era usar los minerales que se explotan en el Cerro Rico de Potosí, pero allá hay un problema por la estabilidad de ese cerro que impide hacer una explotación muy grande.
Según Atlas, han comprado una planta de ácido sulfúrico en Estados Unidos que es una planta que va a usar parte de los desechos de plomo, plata, zinc, por lo demás había que tener la refinería de zinc que no la han hecho y si el Estado está entrando, ahora, tiene que encarar dos problemas: el suministro de minerales y la compra de la planta para los minerales de zinc.
De todas maneras no hay otra solución, el Estado va a tener que encarar muchos problemas.
A eso se suma que las condiciones ambientales de 1980 eran menos rígidas que ahora, entonces habría que hacer una nueva medición de impactos.
Dionisio Garzón
es ex ministro de Minería.
