Ante el pedido de los empresarios de revisar el proyecto de Ley de Pensiones para evitar una transición de modelo «apresurada y desprovista de consenso», el Senado descartó cualquier cambio en el proyecto de ley porque la norma «ya fue consensuada con la COB».
El presidente en ejercicio de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, indicó que el sector privado «quiere evitar un cambio apresurado —desprovisto del consenso necesario de quienes contribuyen a su sostenimiento—que desemboque en resultados contraproducentes que pongan en riesgo la economía nacional».
Al respecto, el presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores, David Sánchez (MAS), descartó la propuesta planteada por la CEPB. «Escucharemos sus argumentos y (luego) serán analizados, como todas las propuestas, pero la Ley (de Pensiones) ya fue consensuada con los actores laborales afiliados a la COB (Central Obrera Boliviana) y sectores del empresariado», dijo Sánchez, informó ANF.
Los cambios se justifican porque es preciso buscar que el nuevo sistema de pensiones sea «viable y sostenible, respete el monto acumulado del ahorro individual, brinde igualdad de condiciones para efectuar el aporte solidario, y cuente con un administrador privado, independiente del poder político y que permita a los usuarios del sistema elegir la mejor opción», dijo a su vez Nostas, según una nota de prensa institucional.
Además, agregó, es «importante» considerar la contratación de una entidad especializada e independiente que lleve a cabo una evaluación técnica de los cálculos actuariales en los que se basan las previsiones y proyecciones financieras del proyecto, de manera que se tenga certeza que el nuevo sistema «es financieramente viable y sostenible en un mediano y largo plazo; más aún en la medida en que se busca reducir la edad de jubilación a menos de 60 años».
La CEPB observa que el proyecto de ley imponga a los empresarios y empleadores nuevos aportes para un fondo solidario que supuestamente permitirá mejorar las rentas de sectores con bajos ingresos, sin que el Estado boliviano ponga «ni un solo centavo y sólo hable de solidaridad».
Los nuevos aportes y el incremento salarial del 5%, aprobado el 1 de mayo, supondrán una carga para los empresarios de $us 565 millones el 2010; cifra que puede afectar sus inversiones productivas, informó la CEPB.
