La nueva Ley de Pensiones obligará a las AFP Futuro y Previsión a concluir con todos los procesos judiciales iniciados para recuperar la deuda contraída por los empleadores con el Fondo de Capitalización Individual (FCI).
Así lo informó el director general de Pensiones, Marcelo Ticona, a tiempo de resaltar que la nueva Gestora Pública de la Seguridad Social a Largo Plazo «no se hará cargo de los procesos» iniciados por ambas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
Según datos de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Pensiones (AP), el patrimonio del FCI al 10 de octubre de esta gestión alcanzó Bs 36.697,6 millones ($us 5.195,4 millones). De esa cifra el 1,5% ($us 73,1 millones) de los aportes se encuentra en mora (ver infografía).
«El proyecto de ley (de Pensiones) establece que los procesos judiciales iniciados por las AFP contra los malos empleadores que tienen mora con el Fondo de Capitalización Individual tienen que ser concluidos por las mismas AFP», aseguró Ticona.
El monto de la mora «no es muy significativo, pero la recuperación (de esos montos) es, sin duda, una tarea inherente a la actividad de las gestoras privadas», explicó el, funcionario.
Sin embargo, aclaró, que los procesos iniciados por ambas AFP, Futuro y Previsión, para la recuperación de las aportes no entregados debe enmarcarse en la todavía vigente Ley de Pensiones 1732 hasta la conclusión de sus trámites.
Datos. Al 10 de septiembre del 2010, la recuperación mensual de la mora por cobranza administrativa fue de Bs 11,8 millones y por cobranza judicial fue de Bs 7,7 millones, señalan los datos.
Desde 1997, ambas AFP se hicieron cargo de la administración de los fondos de pensiones de los trabajadores y de realizar los juicios coactivos a los empleadores que no depositaron los aportes labores al FCI. «Es obligación de las AFP recuperar esa deuda que debieron haberla cobrado», expresó Ticona.
La nueva Ley de Pensiones prevé asesoramiento de profesionales a los trabajadores sobre trámites de jubilación, recuperación de aportes, seguimiento de los procesos judiciales y administrativos.
