El Ministerio Público determinó la anotación preventiva de los bienes del principal accionista de Soboce y del gerente general de esta firma, Samuel Doria Medina, y Armando Gumucio, respectivamente, en el proceso judicial seguido dentro del caso denominado Universidad-Soboce.
Así lo informó ayer el fiscal Enrique Montaño, quien señaló que, aparte de Doria Medina y Gumucio, también se ordenó la anotación preventiva de los bienes del rector Wálter Arízaga y de las ex autoridades universitarias Jaime Barrón y Jaime Robles.
«Se ha realizado la anotación preventiva de todos los bienes de todos los encausados, esto es de Samuel Doria Medina, del señor Gumucio y los ex rectores… con la pretensión de tener garantizado el posible daño a repararse, aclarando que sólo se trata de bienes propios», precisó el fiscal.
Montaño explicó que la decisión del Ministerio Público se basa en la Ley 007, de 18 de mayo del 2010. El artículo 252 señala: «La anotación preventiva de los bienes propios del imputado puede ser dispuesta directamente por el fiscal desde el primer momento de la investigación, a través de resolución fundamentada, la que deberá ser informada al juez que ejerce control jurisdiccional en el plazo de 24 horas de haber sido efectivizada, debiendo el juez ratificar, modificar o revocar la medida en el plazo de tres días de comunicada la misma».
Bienes. El fiscal Montaño dijo que incluso «se pidió la anotación preventiva de los bienes de la Universidad (San Francisco Xavier) y de sus acciones en Fancesa; pero no podemos hacer eso, porque la ley no nos faculta y además no corresponde por tratarse de una institución pública; a la vez, las acciones que eran de Soboce tampoco se puede…».
Este caso se origina en la firma de un convenio en 1999 entre las autoridades universitarias y la Sociedad Boliviana de Cemento SA (Soboce), según el cual esta empresa se hacía cargo de la administración de Fancesa a cambio de Bs 12,5 millones por siete años. El convenio fue ampliado el 2006 por el mismo lapso de tiempo, hasta que se rompió a raíz de la transferencia de las acciones de Soboce a la Gobernación, por un decreto dictado por el presidente Evo Morales el 1 de septiembre.
El juicio es impulsado por el diputado Juan Carlos Apaza (MAS), debido al supuesto daño económico que habría provocado el referido convenio a las arcas de la Alcaldía de Sucre, tercer copropietaria de Fancesa.
La Razón intentó comunicarse con Samuel Doria Medina a través de su asistente personal, Graciela Rivera. Sin embargo, ésta se encontraba en «reunión a puertas cerradas», informó su secretaria, quien quedó en devolver la llamada telefónica.
Composición societaria de Soboce
Decreto
El 1 de septiembre se emitió el DS 0616 que expropia el 33,34% de las acciones que Soboce tenía en Fancesa.
Sociedad
Doria Medina tiene el 51% de las acciones; la mexicana GCC el 47%; y el otro 2% pertenece a diversos accionistas.
