Debido a las nuevas condiciones tributarias que establece la nueva Ley 0791 de Juegos de Lotería y de Azar, el Bingo Bahití cerrará sus operaciones en el país a partir de marzo del 2011. Más de 1.000 trabajadores perderán su fuente laboral en seis ciudades, anunciaron ejecutivos de la firma.
Además de ratificar la cuota de un 10% de tributación para las promociones empresariales, la norma promulgada el 25 de noviembre establece para las casas dedicadas a esta actividad un Impuesto al Juego del 30% y para los jugadores un Impuesto a la Participación en Juegos del 15%.
«Más allá de las fallas de la constitucionalidad, la Ley (0791) es tácitamente inviable», lamentó José Peñaranda, miembro del directorio de Juegos y Centros de Entretenimiento Bahití.
Es necesario, apuntó, que la cuota impositiva para las casas de juego sea ubicada en el contexto de lo que sucede en otros países. En Venezuela y Perú, explicó, el impuesto que se paga es del 12%; en Chile, Uruguay y Francia, la tributación llega al 15%; y en Paraguay, Estados Unidos y España el impuesto se paga por máquina.
Más de 1.000 empleados de las 15 sucursales que están distribuidas en seis departamentos del país perderán su fuente laboral. Los trabajadores recibieron una carta de preaviso de despido el 16 de noviembre, aseguró Peñaranda a tiempo de agregar que la empresa genera también cerca de 4.000 empleos indirectos.
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce Catacora, dijo días atrás que una vez aplicada la nueva norma, el Gobierno espera obtener una recaudación anual de aproximadamente Bs 200 millones.
La cadena de casas de juego está presente en el país hace ya siete años, generando ingresos para el erario nacional y también para los municipios a través del pago de un impuesto anual, licencias y patentes, manifestó el ejecutivo del Bingo Bahití.
La empresa no descarta acciones
El ejecutivo de la empresa Bingo Bahití José Peñaranda afirmó que ante el cierre obligado de su empresa por la aplicación de la Ley de Juegos de Lotería y de Azar no se descarta el inicio de acciones legales a nivel internacional.
