El ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez acusó al actual titular de la petrolera estatal, Carlos Villegas, de estar perjudicando económicamente al país al haber firmado el contrato para la construcción de la planta de Río Grande.
Según el ex ejecutivo de la petrolera, en julio del 2009 le llega una carta oficial a Villegas de parte de la Gulsby (que era la constructora contratada antes del escándalo de Catler) indicando que era posible seguir la construcción de toda la planta por un costo de $us 90 millones.
«Hoy lo que hemos visto es una estafa legalizada, porque la nueva planta va a costar 159 millones 400 mil dólares; eso sí es una estafa legalizada en contra del país», dijo Ramírez en declaraciones a la Red Erbol.
