El 5% de las empresas que tienen deudas con las AFP por el aporte de sus trabajadores al sistema de pensiones son del Estado. Aunque el Gobierno conminó a las AFP a recuperar el total de la mora hasta fin de año, ningún proceso coactivo fue iniciado.
Según datos, al 31 de diciembre del 2010 de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Pensiones (AP), la mora total en el Seguro Social Obligatorio a largo plazo (SSO) llegó Bs 531,48 millones ($us 75,49 millones). Esta deuda representa, aproximadamente, el 1,4% del actual Fondo de Capitalización Individual (FCI).
«El 95% de las empresas deudoras a la seguridad social son privadas, el 5% son empresas estatales», afirmó el director ejecutivo de la AP, Javier Lijerón. De acuerdo con la información de la AP, la mora efectiva en cobranza administrativa llegó a Bs 9,1 millones y la mora judicial alcanzó los Bs 522,37 millones.
El lunes, el viceministro de Pensiones, Mario Guillén, informó que existen «aproximadamente 5.000 procesos» iniciados a entidades públicas y privadas para recuperar Bs 531,48 millones por aportes laborales a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) Futuro y Previsión.
El 26 de enero, el Ejecutivo aprobó el Reglamento de Desarrollo Parcial a la Ley de Pensiones, el cual determina los procedimientos de recaudación de los aportes al Sistema Integral de Pensiones (SIP) y determina los procesos coactivos para tal fin.
El 28 de enero, el ministro de Economía, Luis Arce, advirtió a las dos AFP que tienen hasta fin de año para recuperar los aportes en mora de los trabajadores. En caso de que ese dinero no pueda ser recuperado, el Gobierno las denunciará por «incumplimiento de contrato (…). Las AFP tienen que hacer su trabajo y las hemos conminado» a recuperar los aportes en mora, aseguró la autoridad en entrevista con La Razón.
Según el artículo 22 del reglamento, el proceso coactivo social determina un plazo máximo de 120 días calendario para la recuperación de las contribuciones y aportes nacionales por mora del empleador. Asimismo, el Artículo 23 ordena a la Gestora Pública —en este caso las AFP mientras no empiece su trabajo la Gestora— a iniciar el proceso penal por apropiación indebida de aportes en un plazo máximo de 120 días.
Al respecto, el Director Ejecutivo de la AP indicó que hasta el momento no se inició ningún proceso coactivo. «Estamos reglamentando la parte de los procesos coactivos. Ya hemos emitido las circulares y resoluciones necesarias para las AFP. En los próximos días ya vamos a tener los siguientes procesos coactivos iniciados en los juzgados de trabajo y seguridad social», sostuvo.
Para el cobro de las contribuciones devengadas e impagas por el empleador, las AFP Futuro y Previsión instauraban el Proceso Ejecutivo Social, establecido en el Artículo 23 de la Ley 1732. Ahora, las AFP pueden aplicar la nueva norma e instaurar procesos coactivos sociales en contra de los deudores morosos.
Según el ministro Arce, «las AFP tienen ahora el respaldo de la normativa (y) la ley es muy clara» para la recuperación de los aportes de los trabajadores que están en manos del empleador.
El mayor deudor a las administradoras de pensiones es el Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), cuya deuda en mora asciende a Bs 152 millones. Le siguen el hospital San Gabriel, Servicio Nacional de Caminos (SNC) y la Empresa de Correos de Bolivia, entre otros, señalan los datos de la AP.
«Como AP, estamos verificando que las AFP inicien todos los procesos y continúen con todos los procesos que tienen pendientes. La Autoridad de Pensiones hará cumplir la norma en cuanto al seguimiento de todos los proceso judiciales», remarcó Lijerón.
Ley repondrá bonos a 892 personas
La Ley de Reposición Económica (082) para las víctimas de suplantación de identidad en el cobro del ex Bono Solidario (Bonosol) y la renta Dignidad beneficiará a 892 personas. Aunque todavía no se definió el reglamento, el Estado erogará Bs 2,1 millones para garantizar el reintegro.
La Ley 082 promulgada el 20 de enero de 2011 beneficia por única vez a aquellas personas que se vieron perjudicadas con las suplantaciones entre el 1 de enero del 2003 y el 30 de septiembre de 2010 y que denunciaron la irregularidad ante el Viceministerio de Pensiones durante el período mencionado.
Según un informe de la Cámara de Diputados «la exposición (de la norma) señala que entre los años 2003 y 2007 se registraron 892 casos de suplantación de identidad (…), por lo que el monto a reponer alcanza los Bs 2.149.200».
Los montos de reposición serán de Bs 1.800 (en el caso del Bonosol) y de Bs 2.400 (en relación a la renta Dignidad) y serán financiados con recursos del Fondo de la Renta Universal de Vejez. «Si bien tenemos cifras preliminares, estamos haciendo la recopilación de toda la gente que ha sido suplantada, el reglamento (recién) se elaborará en este mes», aseguró el director de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Pensiones (AP), Javier Lijerón.
