La primera denuncia tiene que ver con la falta de respuesta a una petición de informe escrito solicitado por esa instancia sobre los montos percibidos por viajes realizados al interior y exterior y provincias, además de los motivos y tiempo de estadía.
La segunda se refiere al incumplimiento a resoluciones del Directorio que en enero había determinado el cese de funciones en el cargo de la gerente general que interinamente ejerce Eva Quino Valdez, con el objetivo de darle mayor celeridad a la ejecución y consecución de los objetivos y metas trazadas en el Programa Operativo Anual (POA) 2011.
PLANES. Según la denuncia, el año pasado se incumplió con los planes establecidos, y la ejecución financiera en la Aduana apenas llegó al 60%.
También se había recomendado a Ardaya la suspensión en el cargo del gerente regional de La Paz José Luis Lafuente, por supuestas irregularidades, entre ellas que no tuvo el aval del Directorio para ser designado en el puesto y tampoco fue seleccionado por convocatoria pública.
El Directorio lo denunció por haber autorizado la salida de cinco camiones con mercadería supuestamente de contrabando de dependencias de Depósitos Aduaneros Bolivia (DAB), la madrugada del 26 de junio del 2010.
Dos funcionarios habrían sido sorprendidos en la cabina de uno de los camiones, tratándose del administrador de la Aduana de Charaña y un funcionario subalterno, de acuerdo con la documentación entregada ayer a los medios de comunicación.
La misma señala que de acuerdo al cuaderno de investigaciones, la retención de los camiones duró siete horas, pero luego de varias conversaciones de los funcionarios de la Aduana con el gerente José Luis Lafuente, además de funcionarios de DAB, se habría diferido el trámite administrativo y el pago posterior de multas por la mercadería presuntamente ilegal.
El Directorio demandó que Ardaya destituyese a Lafuente. La presidenta no lo hizo porque «la ley manda no privar a los servidores públicos que tuviesen procesos penales pendientes dentro de la Aduana hasta que el juez que conoce la causa disponga lo contrario y se dicte sentencia conminatoria. Este señor no tiene sentencia conminatoria, así que no puedo ir contra la ley», afirmó la autoridad. Entonces, el Directorio envió una carta al ministro de Economía, Luis Arce, indicando que Ardaya estaría favoreciendo a empresas y consorcios privados. La presidenta negó las acusaciones y las calificó de difamaciones.
El 8 de febrero, Ardaya se querelló por el delito de desacato y daño económico contra los miembros del Directorio: Magali Eliana Angulo Vaca, Elisa Rosario Murillo Guzmán, Silvano Arancibia Colque y Freddy Franco Escalera, quienes deben prestar declaraciones el 15 de febrero ante el fiscal Gregorio Blanco.
Ardaya insistió en que los directivos de la Aduana están mellando su dignidad. «Se está cuestionando cosas que no se investigan adecuadamente, creo que son a veces aseveraciones muy temerarias».
Se habría vulnerado estatuto
Según el Directorio de la Aduana, la designación de José Luis Lafuente Terceros en el cargo debía hacerse conforme al artículo 64 del Estatuto de la Aduana, es decir con aval de esa instancia y por convocatoria.
