El anteproyecto de ley de Fortalecimiento y Desarrollo Fronterizo prevé la designación de fiscales anticontrabando en puntos limítrofes del país para agilizar los trámites sancionatorios o de compensación relacionados con el ilícito.
La nueva norma, enviada al Legislativo el 15 de febrero, sanciona la exportación ilegal de productos subvencionados con la privación de libertad, otorga el 20% del valor de la mercadería de contrabando a la persona y 40% a la comunidad que denuncie el delito.
El anteproyecto establece una «lucha consecuente, sistemática y consecuente (contra el contrabando), con una presencia permanente del Estado en las fronteras», es así que «la ley prevé que haya un fiscal encargado exclusivamente del tema fronterizo», anunció, en declaraciones a Unitel, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce Catacora.
Con esta medida, se piensa subsanar las falencias presenciales que tienen los operativos efectuados tanto por el Control Operativo Aduanero (COA) como por el Comando Conjunto Andino (CCA) de las Fuerzas Armadas. «Lamentablemente, luego de un tiempo (el COA y el CCA) se retiran y otra vez el contrabando vuelve a esos lugares», señaló Arce.
La norma está destinada a reforzar los mecanismos y acciones legales de lucha contra el contrabando de carburantes subvencionados como la gasolina, el diésel y el gas licuado de petróleo (GLP), así como la salida de alimentos que sean internados con el subsidio estatal.
