La Central Obrera Boliviana (COB) también rechazó la propuesta del Gobierno para la conformación de una mesa de trabajo que analice el Decreto Supremo 21060. Por el contrario, el ampliado exigió la «inmediata abrogación» de esta norma.
«Mientras no exista una respuesta positiva, el ampliado resuelve declarar estado de emergencia a nivel nacional a partir de la fecha», señala el punto tres de la resolución aprobada por el ente matriz de los trabajadores.
Por la mañana, el ministro de Trabajo, Félix Rojas, dijo que, una vez que se inicien las mesas de trabajo con la
COB, el ente sindical deberá explicar «de dónde» sacará el Gobierno los recursos para cubrir un alza salarial acorde a una canasta familiar de Bs 8.300. Las mesas incluirían los temas del incremento salarial, la reactivación productiva y la abrogación del Decreto 21060.
Al respecto, el secretario Ejecutivo de la COB, Pedro Montes, informó —tras salir anoche del ampliado nacional— de que se rechazó la propuesta de debatir las demandas en tres mesas de negociación y se aceptó una sola y que debe ser de alto nivel.
«Ahora debemos esperar la contrapropuesta del Gobierno, haber qué nos dice», afirmó. De su parte, el dirigente Bruno Apaza explicó que la canasta familiar de Bs 8.309 es referencial respecto al número de alimentos que debe adquirir el trabajador y por ello plantean que la discusión debe ser a partir de parámetros estructurales.
«Queremos que nos enseñen el certificado de defunción del DS 21060. Discutamos propuesta contra propuesta, no debe haber diatriba para discutir el tema salarial», agregó a ANF.
Arce aseguró que «el efecto de aumentar a los funcionarios estatales la suma de Bs 8.300, representaría (para el TGN) entre $us 800 y 1.000 millones (…). Estamos lejos de poder alcanzar esa cifra» y, además, «vemos claramente que un incremento de tal magnitud en los sectores público y privado trae serios riesgos para la economía».
El impacto en el sector público de un incremento de estas características implicaría, a su vez, la suspensión del pago de los bonos Juana Azurduy y Juancito Pinto, así como la interrupción de los subsidios a las universidades públicas y la otorgación de ítems para los sectores de salud y educación.
Además, manifestó, «se detendrían las inversiones en proyectos estratégicos de minería e hidrocarburos, así como la construcción de carreteras, puentes y escuelas, porque el costo de las obras se elevaría (…). Hay que ver que el pago no genere un doble efecto negativo en la economía: inflación y desempleo».
El sábado, el presidente Evo Morales calificó nuevamente de «irracional» la propuesta de la COB y dijo que si se acepta este pedido ya no habría dinero para los programas sociales y los proyectos de inversión pública.
«Tendríamos plata para los primeros dos años, y después, ¿de dónde sacamos el dinero?», se preguntó el Mandatario y dijo que la propuesta de la COB de un «salario de Bs 8.300» representaría para el Tesoro un gasto adicional de $us 1.000 millones.
$us 800 millones más
El Tesoro General de la Nación (TGN) tendría que erogar al menos $us 800 millones más para cubrir un alza salarial en el sector público que esté en función a la canasta básica propuesta por la COB (Bs 8.309).
Así lo ratificó ayer el ministro de Economía, Luis Arce Catacora, quien añadió que este pedido frenaría además la inversión pública y generaría procesos inflacionarios y desempleo.
Arce aseguró que «el efecto de aumentar a los funcionarios estatales la suma de Bs 8.300, representaría (para el TGN) entre $us 800 y 1.000 millones (…). Estamos lejos de poder alcanzar esa cifra» y, además, «vemos claramente que un incremento de tal magnitud en los sectores público y privado trae serios riesgos para la economía».
Para el investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), Carlos Arze, la base para iniciar una discusión sobre el incremento de sueldos debe ser —aunque tenga errores— la canasta elaborada por la COB.
