El artículo 9 de la norma señala: «Las estaciones de servicio que se encuentren dentro del radio de 50 kilómetros de la frontera se declaran de necesidad pública, estando sujetas al régimen de expropiación municipal, previo pago de justa indemnización», informó la Red PAT.
También el artículo 18, en su parágrafo 5 indica que «cuando se verifique la no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente por la venta de gasolina, diésel oil y gas natural vehicular (GNV) en estaciones de servicio autorizadas por la entidad competente, la sanción consistirá en la clausura definitiva del establecimiento».
Por tanto, «a partir de la clausura definitiva dispuesta por Impuestos, y hasta la ejecutoría del acto que dispone la clausura definitiva de la gasolinera, la Agencia Nacional de Hidrocarburos procederá a la intervención de la misma autorizando a YPFB su administración de operación».
La Comisión de Planificación y FFAA comenzó ayer con el tratamiento del proyecto de Ley de Desarrollo y Seguridad de Fronteras que contiene 21 artículos. El Movimiento Al Socialismo (MAS) busca su vigencia inmediata.
La norma establece la conformación de un consejo constituido por varios ministerios, FFAA, Policía, Aduana Nacional, Impuestos Nacionales y otras instituciones, donde el principal coordinador será Juan Ramón Quintana. El 30 de enero del 2011, el fisco clausuró por no emitir facturas al menos ocho gasolineras en la ruta El Alto-Desaguadero.
