El proyecto de Ley de Fortalecimiento y Desarrollo Fronterizo prevé una sanción de 8 a 12 años de cárcel por el contrabando de productos subvencionados. El consumidor que compre carburantes de puntos no autorizados también será condenado con 2 a 4 años de presión.
El 16 de febrero, el Ejecutivo envió al Legislativo el anteproyecto de ley que incluye en el Código Penal el delito de «contrabando de exportación agravado». Esta figura jurídica consistirá, una vez aprobada la ley, en la penalización del almacenamiento ilegal, transporte, extracción o, incluso, la sola intención de contrabandear mercaderías prohibidas de exportación o carburantes y alimentos que subvencione el Estado.
El Artículo 20 de la iniciativa, a la que tuvo acceso La Razón, refiere que este tipo de contrabando «será sancionado con la privación de libertad de ocho a 12 años, el decomiso de las mercancías y la confiscación de los instrumentos del delito».
El ministro de Economía, Luis Arce, explicó en febrero que «el anteproyecto de ley sanciona con penas carcelarias la exportación ilegal de productos subvencionados, como alimentos y carburantes; otorga el 20% de la mercadería de contrabando a las personas y 40% a la comunidad que denuncie acciones de contrabando».
El anteproyecto también establece una sanción de tres a seis años de presidio por el almacenamiento o comercialización de carburantes sin autorización de la autoridad competente.
Además, «las personas que adquieran diesel oil, gasolinas o Gas Licuado de Petróleo (GLP) de personas no autorizadas para comercializarlos serán sancionadas con la privación de libertad de dos a cuatro años y la confiscación de los instrumentos para la comisión del delito», cita el documento.
En caso de que se incurra en ambos delitos, la pena será agravada con otros dos años. Si algún vendedor autorizado incurriere en la facilitación del transporte, almacenamiento y comercialización de carburantes será penado también con dos años de presidio.
Según el Gobierno, el objetivo de la nueva ley es reforzar los mecanismos y acciones legales para terminar con el contrabando de carburantes y alimentos subsidiados de primera necesidad, como el azúcar y el maíz.
En el caso del funcionario público que coadyuve con todas las formas del delito mencionado, el anteproyecto prevé que el empleado estatal sea encarcelado de cinco a diez años.
Además, el parágrafo quinto del Artículo 20 de la norma, señala que, aunque la declaración de importación de los productos respalde parcialmente la mercadería internada, se presume la comisión del delito de contrabando sobre el total del lote.
Si antes, un comerciante tenía un porcentaje de mercadería legal y otro de contrabando, se confiscaba sólo la porción ilegal.
Sin embargo, «a partir (de la aprobación) de esta nueva ley, se decomisará el 100% de las mercancías, sin importar si la mayoría de ella sea legal. (Además), como sanción adicional también se confiscará el vehículo», precisó el ministro de Economía en febrero pasado.
Durante los cinco días de vigencia del Decretos 0748, que eliminaba la subvención al precio de los carburantes, el consumo de gasolina en el país se redujo en 17,56% y el de diesel en 40%, informó el 4 de enero el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas.
Antes del decreto, se consumían por día 3,35 millones de litros de gasolina; luego de ser aprobada la norma, la cifra bajó a 2,85 millones. «Si la norma hubiese seguido vigente, al mes habríamos ahorrado 15 millones de litros de gasolina, cantidad que es igual a la importación de gasolina», sostuvo.
Afianzan control de aduaneros
El anteproyecto de Ley de Fortalecimiento y Desarrollo Fronterizo prevé que el importador podrá demostrar que se ha cometido un hecho de corrupción (en caso de que esto ocurra) «en cualquier momento del procedimiento del despacho aduanero». En tal caso, la Aduana nacional autorizará de forma inmediata la internación legal de la mercadería y el funcionario será destituido y se aplicarán las sanciones penales establecidas.
No llegará la subvención al transporte del extranjero
Automóviles, aviones, y otros medios de transporte que tengan placa de circulación extranjera tendrán que pagar los carburantes que compren en territorio nacional a precios internacionales.
Así lo señala el anteproyecto de Ley de Fortalecimiento y Desarrollo Fronterizo que fue derivada al pleno de la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa.
«El suministro de productos refinados de petróleo, Gas Natural Vehicular (GNV), industrializados y otros a medios de transporte con placa de circulación extranjera se realizará a los precios internacionales fijados por el ente regulador», señala la norma.
Se prevé que la medida mitigue el impacto de la subvención de los carburantes en el Tesoro General de la Nación. Según datos oficiales, en los últimos seis años, el Estado erogó más de $us 2.200 millones en la importación de carburantes. El gasto subió de $us 180 millones el 2005 a $us 666 millones el 2010.
