La Asociación de Surtidores de La Paz (Asosur) anunció ayer su intención de vender sus estaciones de servicio para recibir un pago justo, en respuesta a la «doble intencionalidad» que observan en el proyecto de Ley de Seguridad Fronteriza.
En una Solicitada de prensa que llegó a La Razón, Asosur La Paz informa que «ofrece a la venta las Estaciones de Servicio al Estado Plurinacional de Bolivia» porque considera que la nueva ley buscaría «apropiarse de nuestras estaciones de servicio sin pagar un precio justo».
Esta posición —asegura— es «consecuente con la posición de la estaciones de servicio a nivel nacional en referencia a los motivos para la devolución de las Licencias de Operación a la ANH (Agencia Nacional de Hidrocarburos)». De esta forma, comunica «el inicio de negociaciones de la presente oferta pública al Gobierno Nacional y/o Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)».
Carlos Villegas, presidente de YPFB, señaló el viernes en una rueda de prensa, que cualquier interrupción en los servicios de las estaciones de servicio es pasible a sanciones, previo dictamen de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), siendo contempladas multas económicas e intervenciones temporales o definitivas.
La protesta de los directivos nacionales de Asosur comenzó con el tratamiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional del proyecto de Ley de Seguridad Fronteriza, que establece la posibilidad de expropiación de los surtidores ubicados a 50 kilómetros de la frontera y su intervención en el caso de que no extiendan facturas, acción tipificada como evasión fiscal por el Estado boliviano. Esta semana, el Senado analizará la norma.
El titular de la empresa estatal aseguró «plenamente» el abastecimiento de gasolina y otros derivados del petróleo para atender la demanda de la población. Ayer, las gasolineras prestaron sus servicios con normalidad.
