En 13 años, el Estado erogó cerca de $us 1.500 millones en bonos para la vejez y el número de pagos se multiplicó por 23. En los últimos tres años, el promedio de beneficiarios fue de 848.000, siendo La Paz el departamento que mayor número concentra (31,87%).
La política de otorgar bonos para la tercera edad se inició durante el primer gobierno del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1997) con el fin de beneficiar a uno de los sectores considerados más vulnerables de la sociedad. El primero que se pagó en el país fue el Bonosol (Bs 1.300).
Sin embargo, la sostenibilidad de estos pagos estaba condicionada a la rentabilidad de las entonces empresas capitalizadas, lo cual se comprobó un año después, en el gobierno del desaparecido presidente Hugo Banzer Suárez.
Desde 1988 al 2001, el Bolivida (Bs 395) reemplazó al Bonosol por las reducidas utilidades que generaban las capitalizadas.
El 2002, con el retorno de Sánchez de Lozada a la presidencia del país, no se pagó el benefició, pero se redactó la Ley 2427 —vigente hasta el 31 de diciembre del 2007— que fijó el monto del pago en Bs 1.800 para los mayores de 65 años y dispuso la cobertura de los gastos funerarios. Seis años después (2008), se inició el pago de la renta Dignidad, que beneficia a los mayores de 60 años con Bs 2.400, para quienes no gocen de una renta de jubilación, y con Bs 1.800, para quienes cuenten con una.
BENEFICIARIOS. De acuerdo a datos de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Pensiones y Seguros (APS), desde 1997 hasta febrero de este año, los pagos efectuados en bonos sociales sumaron Bs 10.327,33 millones, lo que equivale a $us 1.475,33 millones (ver infografía).
Durante el mismo período, el número de pagos se incrementó de 364 mil en 1997 hasta 8,55 millones en la anterior gestión, es decir, se multiplicaron por 23 desde que se comenzó a pagar el beneficio, señalan los datos.
Asimismo, desde que se paga la renta Dignidad, la cantidad promedio anual de personas que accedieron a este beneficio superó los 848 mil, de los cuales el 16,8% son jubilados y el restante 83,2% no; el 45,78% son mujeres y el 54,22% hombres (ver infografía).
La Paz es el departamento que mayor número de beneficiarios concentra, le siguen Cochabamba, Santa Cruz y Potosí.
Alfredo Álvarez, rentista jubilado, afirmó que la entrega de este recurso significa «un apoyo para cubrir las necesidades del hogar, aunque es insuficiente para vivir en mejores condiciones».
Por su parte, Catalina Condori, comerciante de La Paz, señala que «el bono ayuda para comprar la comida, la ropa, pero si no trabajáramos no podríamos vivir con eso (con la renta)».
PADRÓN. El 18 de marzo, la entonces Autoridad de Pensiones informó que el pago de la renta Dignidad con el uso del nuevo padrón biométrico se iniciará a partir del mes de julio. Hasta esa fecha, habían cerca de 550 mil beneficiarios inscritos, es decir, aproximadamente el 64% de la meta establecida (850 mil).
El registró se inició en julio del 2009 y concluyó el 31 de enero de este año, se llevó a cabo en nueve ciudades capitales y en 50 ciudades intermedias. El proceso del pago a través de este mecanismo «será gradual», anunció Javier Lijerón, ex director de la Autoridad de Pensiones.
El enrolamiento biométrico favorece a los adultos y adultas mayores para evitar que sean suplantados en el cobro de sus beneficios sociales y permite cobrar el mismo de forma segura, explicó la ex autoridad.
Repondrán a víctimas de fraude
NORMA
El 20 de enero del 2011, el Gobierno promulgó la Ley 082 de Reposición Económica, por Única Vez, a las víctimas de suplantación de identidad en el cobro del ex Bonosol y de la renta Dignidad. El reglamento de la norma está en proceso de elaboración.
BENEFICIO
La ley favorece a aquellas personas que se vieron perjudicadas con las suplantaciones entre el 1 de enero del 2003 y el 30 de septiembre del 2010 y que denunciaron la irregularidad ante el Viceministerio de Pensiones durante ese período.
ALCANCE
Según un informe publicado por la oficina de comunicación de la Cámara Baja, «entre el 2003 y el 2007 se registraron 892 casos de suplantación de identidad (…), por lo que el monto a reponer alcanza los Bs 2,15 millones».
