El 12 de abril, el presidente Evo Morales anunció que el acuerdo con el sector minero estatal para la reactivación del aparato productivo contempla la «recuperación» de yacimientos que el Estado tiene en arrendamiento o contratos de riesgo compartido con empresas transnacionales privadas.
«Si (la medida) se concretara, tendríamos problemas técnicos para que las operaciones sean rentables, porque, según norma, al pasar las operaciones a control del Estado, los sueldos de hasta Bs 40.000 de quienes tienen capacidad para manejar este tipo de sistemas se reducirían a menos de lo que gana el Presidente (Bs 15.000) y se generaría la fuga del capital humano especializado», indicó Coro a La Razón.
Este medio intentó comunicarse con el ministro de Minería, José Pimentel, pero su teléfono celular estaba apagado. A decir del presidente de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), Hugo Miranda, hay siete contratos (de arrendamiento o riesgo compartido) con firmas del exterior.
«Si se toma la decisión, nosotros no tendríamos ningún inconveniente en administrar esos proyectos. La Comibol ya entró a la fase operativa y productiva, y tiene experiencia en el manejo de empresas estatales», dijo.
Entre las posibles empresas afectadas están: Sinchi Wayra, subsidiaria de la suiza Glencore, que explota las minas Porco, Colquiri y Bolívar; la canadiense Pan American Silver Corp. que opera en riesgo compartido en la mina de concentrados de zinc-plata y cobre-plata San Vicente (Potosí); y la Empresa Minera Manquiri, subsidiaria de la estadounidense Coeur d’Alene Mines Corporation, que explota la mina de plata San Bartolomé (Potosí).
El viernes, Pimentel confirmó la decisión de «recuperar» para el Estado los yacimientos que fueron transferidos por la Comibol a manos privadas. Sin embargo, aclaró, el rescate de las minas estará sujeto a la decisión de los sindicatos de dichas empresas.
Posición. Según Coro, otra de las dificultades para la transferencia de operaciones mineras privadas a manos del Estado es el aspecto salarial.
«Tendríamos problemas sociales, porque los mineros de las empresas privadas recuperadas —al tener ya al Estado como patrón— exigirían ganar hasta tres veces más que los mineros que trabajan para el Estado, y con razón, porque los privados producen hasta tres veces más», sostuvo.
Huanuni, ejemplificó, tiene 4.540 trabajadores que producen aproximadamente 9.000 toneladas métricas finas (TMF) de estaño al año, mientras que una empresa de las mismas características en el sector privado produce 26.000 TMF año, con 700 operarios.
Además, agregó, «los mineros privados mantienen su decisión de tener un patrón privado y que cuida el capital humano proporcionándole seguridad industrial de calidad. En la minería moderna hay muy poca probabilidad de un accidente fatal, mientras que, en el sistema tradicional, los accidentes fatales son permanentes», dijo.
Ayer, la dirigencia de la mina Bolívar se pronunció en rechazo a la «recuperación» de la mina y en respaldo de la estabilidad laboral y seguridad que les proporciona la empresa.
Apoyan la reversión de minas
El viceministro de Cooperativas Mineras, Isaac Meneses, dijo que el sector respalda la «recuperación» de las minas por parte del Estado como medida «para ejercer un mayor control sobre la producción de las mineras privadas».
