El principal accionista de la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), Samuel Doria Medina, ya tiene un proceso abierto en Sucre planteado por el municipio por un supuesto daño económico de más de $us 100 millones luego de la firma de un convenio entre esta empresa y la universidad que le concedió la administración de la cementera por 10 años.
El 30 de abril se realizará una audiencia judicial en la que el Ministerio Público pedirá la detención preventiva de Doria Medina, del actual rector de la universidad, Wálter Arízaga, y de dos ex autoridades de San Francisco Xavier, Jaime Barrón y Jaime Robles.
Ayer, el director en la Fábrica Nacional de Cemento (Fancesa) por la Gobernación de Chuquisaca, Anatoly Flores, dijo que la decisión de iniciar acciones legales contra Soboce fue asumida por el directorio de la empresa el 18 de marzo, luego de haber aprobado un informe de auditoría interna y asesoría jurídica.
Inversiones. Según Flores, la administración de Soboce, cuando era copropietaria de Fancesa, realizó en septiembre del 2009 «gravámenes» para invertirlos en la fábrica de Viacha con las acciones de Fancesa.
«La administración Soboce utiliza las acciones de Fancesa para sacar dinero de tres bancos por Bs 98 millones, y con ese monto la cementera paceña firma cinco contratos que benefician a la planta de Viacha en La Paz», afirmó y agregó que ese hecho está tipificado en el Art. 232 del Código de Comercio como competencia desleal.
«Vamos a presentar una demanda por el resarcimiento del daño a la administración Soboce. Inicialmente, de acuerdo con la prueba preconstituida y a los contratos que hemos podido recabar y legalizar en la Notaría de Fe Pública, a partir de los requerimientos fiscales, hemos ido trabajando en este tiempo. Tenemos el dato de que son Bs 98 millones los que se hubiesen invertido y se hubiese hecho una competencia desleal por parte de la administración Soboce», sostuvo Flores.
Flores declaró a La Razón que los Bs 98 millones es el monto inicial con el que se va a calcular el daño ocasionado a Fancesa. A ello, se deberá establecer el daño emergente y el lucro cesante para fijar el monto final.
La Razón trató de comunicarse infructuosamente con el gerente General de Soboce, Armando Gumucio, para conocer la posición de la empresa respecto de este nuevo proceso. Sin embargo, éste no contestó su celular.
El vicepresidente Álvaro García Linera pidió el martes al directorio de Soboce que asuma defensa legal por el congelamiento de sus cuentas y no chantajee con la paralización de su producción. Al respecto, el presidente de la Confederación de Empresarios Privados, Daniel Sánchez, pidió al Gobierno mayores garantías y dijo que hay una «mala señal para las inversiones» cuando una jueza ordena congelar las cuentas de una empresa.
Inspección laboral
Funcionarios del Ministerio de Trabajo iniciaron el martes una inspección laboral a las instalaciones de Soboce. Los inspectores deberán verificar aspectos relacionados a la salud ocupacional e industrial de la planta de Viacha (La Paz).
