Los operadores de empresas mineras pequeñas exigieron ayer al Gobierno que sus concesiones no migren a contratos mineros, porque, al igual que en las cooperativas mineras, éstas tendrían derechos preconstituidos.
Así lo informó, en declaraciones a la red Erbol, el presidente de la Cámara Nacional de Minería (que agrupa al subsector de la minería chica), Saturnino Ramos.
«Estamos en las mismas condiciones que las cooperativas mineras, porque tenemos la misma función social»; por lo tanto, se «tiene que respetar de la misma forma nuestros derechos preconstituidos. Exigimos al Gobierno el mismo trato», dijo.
La Constitución establece en sus disposiciones transitorias que las concesiones mineras otorgadas a las empresas nacionales y extranjeras «con anterioridad» a la aprobación de la norma «deberán adecuarse» a ésta a través de los contratos mineros que estarán detalladas en la nueva ley general del sector.
La medida se aplica a todas las concesiones con excepción de las otorgadas a las sociedades cooperativas mineras, porque «reconoce y respeta los derechos preconstituidos» de las mismas», por su carácter productivo social, señala la norma.
«Nosotros entendemos que una concesión es una garantía para hacer una inversión; en cambio un contrato (minero) es administrativo y perjudicaría las inversiones de la minería privada, especialmente a nuestro sector», sostuvo Ramos.
