Así lo afirmó el viceministro de Desarrollo Rural, Víctor Hugo Vásquez, quien mencionó que este beneficio es una forma de compensación al sector agroindustrial que no se beneficiará con la subvención de la prima del seguro agrícola que el Estado otorgará a los pequeños productores.
«La gente que produce más, en cantidades, trabaja con la banca y el seguro va a disminuir la tasa de interés; éste va a ser uno de los beneficios adicionales para el sector industrial. No estamos hablando de primas, estamos hablando de las tasas de interés de los créditos que reciben los productores a través de la banca», subrayó.
Según el viceministro, el costo del subsidio para el Estado será de «aproximadamente $us 27 millones», recursos que provendrán de los municipios, gobernaciones y del Tesoro General de la Nación.
Promulgación. El dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Ricardo Miranda, adelantó que la Ley del Seguro Agrícola será promulgada por el presidente Evo Morales el 21 de junio. Aclaró que la nueva norma contemplará un fondo rotatorio, acceso a créditos y transferencia de recursos a las comunidades.
El seguro tendrá una administración mixta, es decir, estará conformado por un directorio en el que tendrá participación el Estado y el sector privado. Además, se creará el Instituto Nacional del Seguro Agrícola (INSO), cuya instancia definirá cuánto será la prima del seguro y quién podrá beneficiarse de la subvención.
Vásquez explicó que el precio de la prima será determinado cuando se implemente el seguro e indicó que se beneficiarán 700 mil unidades productivas.
Al respecto, el presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Demetrio Pérez, y el vicepresidente de la Confederación de Ganaderos de Bolivia, Christian Sattori, lamentaron que el Gobierno no haya convocado a ambos sectores para elaborar la Ley del Seguro Agrícola y aseguraron que el futuro de la nueva norma es incierta.
A decir de Pérez, el beneficio del seguro agrícola debería ser para todos los sectores productivos del país y no debería haber ninguna discriminación. «Sería una pena que aprueben una cosa (ley) sin hacer la previa consulta, las observaciones o algunos aportes que podamos hacer para que se pueda mejorar el proyecto de Ley del Seguro Agrícola», argumentó el productor.
Sattori añadió que los ganaderos se sienten marginados en la elaboración de la nueva norma y aseguró que por falta de información no saben si los ganaderos se beneficiarán o no del seguro. El seguro agrícola «sería un incentivo para que el productor ganadero pueda enfrentar aquellas tierras con mayor seguridad (sic)».
‘El seguro es una solución parcial’
El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) dijo que el seguro agrícola atenuará de forma parcial los efectos causados por los desastres naturales, pero «no modificará para nada el conjunto de la estructura productiva del país».
«El tema del incremento de la producción y la mejora de la productividad, (así como) la expansión de los cultivos depende de cuestiones estructurales como la tenencia de la tierra y un apoyo muy grande en el tema de infraestructura productiva (y) de acceso a capital de trabajo», aseguró a este medio el investigador del CEDLA, Carlos Arze Vargas.
El analista económico añadió que mientras continúe la concentración de la tierra por parte de los empresarios, la estructura productiva del país no cambiará porque los pequeños productores están subordinados a éstos como en el caso de los productores de soya.
«Un seguro puede atenuar algún efecto negativo coyuntural, pero no está modificando el conjunto de la estructura productiva», afirmó el experto del CEDLA. A decir de Arce, es necesario conocer las condiciones en que se aplicará el seguro, a quiénes beneficiará, las garantías que se pedirán y la identificación de los pequeños productores con relación a los agroindustriales.
