«La antigüedad de las unidades que prestan Servicio de Transporte Público Automotor Interdepartamental, Interprovincial y Urbano no debe ser mayor a 12 años. A partir de la promulgación de la presente ley, se otorgarán 7 años para que los operadores (…) renueven sus unidades», señala el artículo 237 del anteproyecto de Ley de Transportes, documento al que tuvo acceso La Razón.
El secretario de Hacienda de la Confederación de Choferes de Bolivia, Raúl Alcoba, expresó su rechazo al anteproyecto de ley porque considera que atenta contra el transporte sindicalizado.
«Cómo es posible que quieran relocalizar (sic) a los 12 años los vehículos cuando no tenemos una tarifa bien establecida y con los parámetros reales en el sector urbano, interprovincial e interdepartamental de pasajeros.
Querer hablar de renovar nuestras unidades de trabajo a los 12 años es imposible», afirmó.
Disposición. El Órgano Ejecutivo, los gobiernos departamentales y municipales en un plazo de seis meses después de promulgada la ley deberán establecer mecanismos de fomento para la renovación de los coches, señala la Disposición Transitoria Sexta del anteproyecto de ley que ingresó a la Asamblea Legislativa para su tratamiento.
Según Alcoba, si se aprueba el proyecto de ley en la Asamblea, el 90% de los vehículos públicos de los 160 mil que existen en el país tendrían que dejar de circular. El viceministro de Defensa del Consumidor, Fernando Fuentes, dijo que el anteproyecto de ley debe ser consensuado con los choferes sindicalizados para que sea aplicable «a la vida cotidiana. En el caso de los usuarios (del transporte público), se debe garantizar su seguridad, comodidad, así como las tarifas».
En criterio de Fuentes, los coches con más de 12 años de antigüedad no son nada seguros en cuanto a la quema de combustible. Según el Código de Tránsito, la vida útil de un vehículo es de 10 años.
Regulación. El artículo 137 del anteproyecto de Ley de Transportes indica que «los costos de la labor de regulación de la autoridad competente, serán financiados mediante una tasa de regulación a ser pagada por los operadores cuya alícuota será determinada por reglamentación expresa».
De acuerdo con la Confederación de Choferes de Bolivia, la medida busca «crear un nuevo impuesto» para el transporte público, lo que causaría el incremento de los pasajes para el usuario.
En caso de que los choferes no cumplan con el pago de la tasa determinada, se considerará como una infracción, señala el artículo 135 de la disposición legal, lo que ameritaría una sanción que la impartirá la autoridad competente.
Asimismo, en el artículo 56 del referido anteproyecto de ley se establece que la autoridad competente «en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas deberán implementar mecanismos que permitan incorporar al régimen de tributación obligatoria a todos los servicios de transporte público regular y no regular considerando la capacidad económica y el tipo de operaciones realizadas».
Se contará con un regulador
Creación
El anteproyecto de Ley de Transportes creará en los niveles del Gobierno, las gobernaciones y municipios, una Autoridad Competente (artículo 123) que tendrá la función de fijar tarifas para el área urbana, interprovincial e interdepartamental; verificará el cumplimiento de las obligaciones legales, técnicas; impondrá sanciones; conciliará intereses contrapuestos entre entidades bajo su ámbito; otorgará permisos y autorizaciones; realizará un seguimiento sobre los parámetros y estándares técnicos y calidad en el servicio al público.
Enfe Residual será liquidada
La Empresa Nacional de Ferrocarriles (Enfe) Residual será liquidada y en su lugar el Gobierno creará una Empresa Estatal Operadora de Ferrocarriles que estará encargada de la explotación del servicio público ferroviario en la Red Fundamental Ferroviaria, señala el artículo 269 del anteproyecto de Ley de Transportes
Para tal cometido, se realizará la inventariación de todos los activos de la empresa y de los «bienes desvinculados de los contratos de licencia de los operadores ferroviarios FCA SA (Empresa Ferroviaria Andina) y FCO SA (Empresa Ferroviaria Occidental)», según la Disposición Transitoria Cuarta de la referida norma.
Luego se dispondrá a favor de la administradora de la infraestructura ferroviaria los bienes que sean útiles y el saldo será adjudicado de acuerdo con la normativa específica.
«Una vez realizada la inventariación, disposición y adjudicación de todos los bienes de Enfe Residual, la autoridad competente procederá a la liquidación de dicha empresa mediante normativa vigente», indica la Disposición Transitoria Cuarta de la norma.
La empresa estatal ferroviaria fue capitalizada el año 1996 por las empresas FCO y FCA, durante el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.
Se prohibirán aviones con 25 años de antigüedad
El anteproyecto de Ley General de Transportes prevé que los aviones con una antigüedad mayor a 25 años ya no podrán ser importados ni utilizados para el transporte de pasajeros en el país.
«Se prohíbe la importación de aeronaves para el servicio público bajo los siguientes criterios: con una antigüedad mayor a 25 años de fabricación; que sean destinadas a su desactivación para el abastecimiento de repuestos; que no cumplan con las condiciones mínimas de contaminación ambiental», indica el artículo 186 de la norma que ingresó al Órgano Legislativo para su tratamiento.
Al respecto, el director general de AeroSur, Carlos Meyer, reconoció que la empresa cuenta con una aeronave Boeing 727-200 con una antigüedad mayor a 25 años, la que está sometida a un riguroso mantenimiento técnico. La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) realiza un continuo seguimiento a estas actividades.
«No es una norma la que debe prohibir su operación, (sino) depende del programa de mantenimiento y de conservación de la nave», explicó. El ejecutivo indicó que independientemente del 727-200, AeroSur cuenta con siete aviones con una data menor a los 25 años. Además, dijo, se cuenta con otras dos aeronaves que se encuentran en mantenimiento.
El gerente general de Boliviana de Aviación (BoA), Ronald Caso, aclaró que la empresa estatal desde el momento de su creación hasta ahora no cuenta con aviones mayores a 25 años.
La línea aérea estatal posee cinco aviones Boeing 737-300, cuya antigüedad oscila entre los 16 y 20 años. «No tenemos problemas con la antigüedad de nuestras aeronaves porque tienen certificación estadounidense FA para volar en cualquier parte del mundo», afirmó el ejecutivo.
El TAM no atendió el requerimiento de este medio.
