«Tengan la seguridad de que va a haber una convulsión social tremenda. Imagínense querer relocalizar al 95% del transporte automotor urbano, interdepartamental, inclusive el internacional», expresó el máximo dirigente del transporte sindicalizado, Franklin Durán.
El artículo 237 del anteproyecto de Ley General de Transportes señala de manera textual que «la antigüedad de las unidades que prestan servicio de transporte público automotor interdepartamental, interprovincial y urbano no debe ser mayor a 12 años».
Añade que «a partir de la promulgación de la presente ley, se otorgarán siete años para que los operadores (…) renueven sus unidades». Según Franklin Durán, los proyectistas de la ley deberían haber previsto que para realizar la renovación del parque automotor público es necesario garantizar el financiamiento, la seguridad jurídica y el repago de los créditos.
«Ahora hay que preguntar quién va a comprar los vehículos viejos: el Estado, el Senado, el proyectista. Quién va a comprar», se preguntó el dirigente.
El Órgano Ejecutivo, los gobiernos departamentales y municipales en un plazo de seis meses después de promulgada la ley deberán establecer mecanismos de fomento para la renovación de los coches públicos, señala la Disposición Transitoria Sexta del anteproyecto de ley que ingresó a la Asamblea Legislativa para su tratamiento y aprobación.
Consenso. El viceministro de Defensa del Consumidor, Fernando Fuentes, dijo que la norma debe ser consensuada con los choferes sindicalizados para que sea aplicable «a la vida cotidiana. En el caso de los usuarios (del transporte público), se debe garantizar su seguridad, comodidad, así como las tarifas».
Los choferes calculan que en el país hay 117.000 vehículos públicos entre micros, buses, minibuses, taxis, radiotaxis y otros.
Durán reconoció que en estos momentos están circulando en el país vehículos públicos cuya antigüedad data desde 1979. «Va a ser una pelea si quieren imponer este artículo en el proyecto». La Confederación de Choferes se reunirá el martes para analizar el proyecto de ley y asumir una posición oficial.
