El ministro de Hidrocarburos y Energía, José Luis Gutiérrez, reconoció ayer que la legalización de vehículos indocumentados incrementará la subvención a los carburantes, lo cual, según expertos, podría ocasionar problemas financieros al Estado.
De aprobarse la medida «es obvio que se incrementará la demanda de carburantes, ya sea de gasolina, diésel o gas; no importa el tipo (de vehículo), pero la demanda va a aumentar», dijo.
El proyecto de Ley de Regularización y Saneamiento Vehicular, que está a punto de ser aprobado en el Legislativo, pretende legalizar en un período de seis meses los motorizados indocumentados a través del cobro de multas que estén acordes al tipo de combustible utilizado.
Según información oficial, cerca de 10.000 unidades serían beneficiadas con la medida, aunque datos extraoficiales señalan que la cifra asciende a 120.000.
Gutiérrez hizo hincapié en que si los vehículos legalizados usan gas natural «no habría problema»; si usan gasolina, «es posible compensar en algo» el incremento de la demanda a través del programa de reconversión vehicular; pero los que generarán «mayores problemas» son los que usan diésel.
El exministro de Hidrocarburos, José Torres, y el exsuperintendente del sector, Hugo de la Fuente, coincidieron en que la nacionalización de esos vehículos generará problemas para el Tesoro General de la Nación (TGN), porque éste tendrá que erogar más recursos para subvencionar los precios de la gasolina y el diésel, que se mantienen congelados en el país. «Si el Gobierno deja que gente inescrupulosa aproveche esta coyuntura para meter más vehículos (…). sí habrá un incremento en la demanda», dijo De la Fuente.
