Tras la reunión, el director de Régimen Interior del Ministerio de Gobierno, Boris Villegas, informó a La Razón que el «acuerdo de pacificación» fue suscrito a las 21.00 por todas las partes y el mismo otorga «garantías recíprocas» a los campesinos y a los trabajadores de la mina para evitar nuevos enfrentamientos.
Horas antes de que se firmara el acta se había declarado un cuarto intermedio porque los campesinos mantenían una posición intransigente. Según Villegas, los comunarios demandaban la presencia de Fernando Kyllmann, dueño del yacimiento minero y presidente de Embas.
El empresario se encuentra fuera del país y, para las negociaciones de este lunes en la ciudad de La Paz, otorgó una carta poder al gerente de la empresa. El acta de pacificación establece que las partes involucradas se reunirán para perfeccionar el acuerdo aún provisional.
Los campesinos demandan a los propietarios de la mina solucionar el tema de la contaminación ambiental porque afecta a sus cultivos. También solicitaron fuentes de trabajo para los hombres y el mejoramiento de algunas zonas del pueblo.
La mina Sayaquira fue tomada el martes en la madrugada por los campesinos de la región. Los avasalladores, que causaron destrozos en una treintena de viviendas y en las instalaciones de la empresa, se llevaron artefactos eléctricos, camas, celulares, garrafas y otros objetos de valor, denunciaron los mineros.
El asalto dejó tres personas heridas, las cuales se encuentran hospitalizadas. La peor parte la llevó el principal instigador de la toma, identificado como Sergio Ramos, quien perdió la mano derecha al manipular un cachorro de dinamita.
El centro minero fue recuperado ayer por un contingente policial llevado desde La Paz y por los trabajadores de la empresa. El director de Régimen Interior explicó que 30 efectivos policiales se quedarán en la mina para garantizar la paz y el normal desarrollo de las actividades.
Embas ya sufrió la toma de la mina Himalaya el año 2007, problema al que aún no se le dio una solución. También perdió la concesión en la mina de estaño Caracoles, el 2004, por presión de los cooperativistas mineros. El 4 de enero de este año, campesinos y cooperativistas arrebataron a Embas la mina Laramcota, en la provincia Loayza, donde se realizaban trabajos de exploración.
Piden seguridad para seguir operando
La empresa minera registra por día una pérdida de $us 8.000
La Empresa Minera Barrosquira (Embas), propietaria de la mina Sayaquira, y sus trabajadores pidieron al Gobierno seguridad para continuar trabajando en el yacimiento y mantener su fuente laboral, tras la invasión y asalto que sufrieron la madrugada del martes por parte de grupos de campesinos.
La mina fue recuperada el miércoles por la Policía y trabajadores de la empresa, según informó el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti. Sin embargo, el campamento quedó destrozado y los avasalladores se llevaron insumos de trabajo, además de parte de las pertenencias de las familias de los empleados. Ante esta situación, el gerente de Embas, Andrés Molina, solicitó al Gobierno seguridad y protección para sus trabajadores; que se realice una investigación; además, que se aprehenda a los culpables y se los someta al rigor de la ley como corresponde en un Estado de derecho.
La mina Sayaquira opera legalmente desde hace 100 años, cuenta con 93 trabajadores, produce 9,92 toneladas métricas de estaño por año y aporta al Estado cerca de Bs 4,4 millones anuales. La minera está paralizada desde el día 7 de junio y sus ejecutivos creen que pasará mucho tiempo para una recuperación total, ya que los empleados se encuentran dispersos. Hasta la fecha se tiene una pérdida aproximada de $us 80.000, puesto que por día no trabajado la mina pierde $us 8 mil.
Los mineros, en vigilia
Los 93 trabajadores de la Empresa Minera Sayaquira vigilan todos los accesos al yacimiento. Los campesinos, de igual manera, se apostaron en los cerros para controlar los movimientos de los empleados.
Se respetan inversiones
El ministro de Comunicación, Iván Canelas, dijo ayer que el Gobierno respeta y respetará la propiedad privada. También pidió que se inicie una investigación minuciosa y luego lamentó las acciones violentas que protagonizaron los campesinos de esa región, que «afectaron los intereses privados de esa mina».
