El fiscal general del Estado, Mario Uribe, instruyó a los fiscales de los nueve distritos del país a actuar de oficio, en caso de que el sector del transporte inicie una huelga indefinida perjudicando a la población e incurra en un delito penal.
También afirmó que los dirigentes de los choferes que están convocando a la medida de protesta están cometiendo el delito de instigación pública a delinquir.
El instructivo enviado ayer por la tarde a todos los fiscales de distrito del país señala que «es necesaria la acción del Ministerio Público» luego del anuncio público del paro del transporte con bloqueos de caminos y calles.
Según el criterio del fiscal Uribe, este anuncio puede generar actos de violencia y la comisión de hechos ilícitos, que pueden configurar delitos, como los establecidos en los artículos 130 (Instigación pública a delinquir), 213 (Atentado contra la seguridad de los transportes) y 214 (Atentado contra la seguridad de los servicios públicos) del Código Penal.
INVESTIGACIÓN. El instructivo también aclara que la intervención del Ministerio Público será en caso de «existir noticia fehaciente de haberse cometido hechos de connotación penal». En ese caso, los fiscales de distrito deben disponer de oficio la investigación penal en contra de autor o autores conforme lo señala la normativa legal, agrega.
También explicó que «el artículo 214 del Código Penal tipifica como delito el atentado a la libre circulación en las vías públicas; por lo tanto, si acaso aconteciere aquello y algún ciudadano se considerare afectado en sus derechos, el Ministerio Público debe actuar de oficio en la persecución penal respecto de los responsables».
Además, Uribe se refirió al artículo 130 que penaliza como Instigación pública a delinquir a todas aquellas personas que instruyan la comisión de un delito, en este caso los dirigentes, responsables o personas que están instruyendo los bloqueos, y los mismos afecten derechos de otras personas; «definitivamente están incurriendo en el tipo penal del artículo 130», apuntó.
Asimismo, Uribe dijo que los transportistas pueden y tienen todo el derecho de realizar su protesta con un paro indefinido, porque la Constitución Política del Estado (CPE) claramente reconoce sus derechos a ser escuchados en sus reivindicaciones.
Sin embargo, dijo, ese derecho debe ser ejercitado ante la autoridad competente y por los mecanismos legales y no a través de medios de hecho que violen los derechos de otras personas, como el paro anunciado desde el lunes.
El ampliado de la Confederación de Choferes de Bolivia determinó convocar a un paro nacional indefinido movilizado, desde este lunes, en demanda de la abrogación del decreto supremo que proyecta sacar de circulación —desde el 2018— los vehículos de transporte público con una antigüedad mayor a 12 años. Sobre el tema, el ministro de la Presidencia, Carlos Romero Bonifaz, ratificó que el Gobierno no ha cerrado las puertas del diálogo a los transportistas que decretaron un paro indefinido desde el lunes.
En una entrevista con una televisora local, Romero recordó que su colega de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Wálter Delgadillo, ha realizado muchas gestiones para que el conflicto se resuelva en el ámbito del diálogo.
«La medida de los transportistas es preocupante, porque el Gobierno nunca ha cerrado las puertas al diálogo», finalizó el Ministro de la Presidencia.
Instructivo sobre toma de minas
Mario Uribe informó que la Fiscalía emitió un segundo instructivo dirigido a los fiscales de Distrito del país para que actúen de oficio en hechos recurrentes como las tomas de minas por parte de trabajadores o sus contrarios, situación perjudicial para la sociedad. «Los fiscales (…) deben actuar de oficio tan pronto tengan una noticia fehaciente de la comisión de algún delito de acción pública», dijo el Fiscal General.
