«Son dos ciudades, La Paz y, particularmente, El Alto, donde pareciera que por la gran frontera que hay con el Perú estaría incubando factores de ir acaparando y, por supuesto, en la línea del agio y la especulación», señaló el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Fernando Fuentes, cuando fue consultado sobre el incremento en el precio de este producto.
En los últimos días, al menos en La Paz y Cochabamba, el precio del azúcar subió en un promedio de Bs 15 el quintal, en la urbe paceña de Bs 265 a 280 y en el valle de Bs 160 a 175. El kilo está entre Bs 6 y 6,50, según se constató en los mercados.
El jueves, los comerciantes minoristas se quejaron porque no estarían recibiendo el producto suficiente y acusaron a los mayoristas de estar acumulando el azúcar. Ayer, el presidente del Ingenio Azucarero Guabirá, Mariano Aguilera, aseguró que el producto se distribuye de forma regular, por lo que no debería haber un incremento.
El 5 de mayo, el Gobierno suscribió un convenio con los cinco ingenios azucareros del país y los productores cañeros, en el que se establece que, desde el 23 de mayo, el costo del kilo de azúcar al consumidor final será de Bs 6. En los ingenios el producto cuesta Bs 5,20.
El acuerdo se enmarcaba en el compromiso del Ejecutivo de bajar el costo del endulzante con el inicio de la zafra, además de continuar con el control del contrabando en las fronteras. Durante el año, Emapa subió dos veces el costo del producto para equiparar el precio del azúcar con el que se vende en Perú y frenar el contrabando.
Fuentes insistió en que el alza se debe a que «en algunos centros de abasto están empezando a acopiar el azúcar para luego especular» y añadió que «se continuará realizando inspecciones y operativos». La ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, pidió a la ciudadanía denunciar estas irregularidades.
Exigen a municipios controlar los precios
El Gobierno demandó a las autoridades municipales que controlen los precios de los productos de primera necesidad. «Existe una banda de precios establecida, según acuerdo suscrito con los ingenios y los productores cañeros; queremos invitar a los municipios y a otras autoridades llamadas por ley para que hagan cumplir este convenio», dijo el viceministro de Desarrollo Rural y Tierras, Víctor Hugo Vásquez.
El oficial mayor de Promoción Económica de la Alcaldía de La Paz, Ronald Pereira, señaló que la regulación de los precios no es una competencia del municipio. «Nuestra tarea es que la venta de los productos sea transparente, es decir que los vendedores exhiban los precios de los productos. Además de controlar la sanidad y las condiciones de manejo», señaló.
El jueves 30 de junio, el Ejecutivo planteó modificar el artículo 226 del Código Penal para subir la pena privativa de libertad entre 10 a 18 años por delito de especulación y agio.
