La Aduana Nacional evaluará al concluir la primera semana de legalización de autos indocumentados, la necesidad de abrir nuevas extensiones de área en ciudades intermedias (provincias) para atender la nacionalización de chutos en esas zonas.
Hoy se inicia la segunda etapa del proceso de nacionalización de vehículos que ingresaron de manera ilegal al país, en el marco de la Ley 133 de Saneamiento Legal de Vehículos Indocumentados, en las dependencias operativas que tiene la Aduana Nacional en las ciudades capitales de los nueve departamentos.
La entidad aduanera informó que se van a habilitar otros espacios, denominados extensiones de área, que funcionen como recintos aduaneros en ciudades intermedias o localidades más pequeñas en las provincias.
Esto dependerá de los resultados obtenidos en esta primera semana, principalmente en función a los tiempos que se utilicen para realizar los trámites de obtención del certificado de Diprove y la valorización del vehículo por la Aduana Nacional.
Hoy está previsto atender a 80 vehículos en La Paz, según la lista publicada por la Aduana Nacional el fin de semana en los periódicos. Hasta el viernes deberán ser 800 los motorizados saneados en la sede de gobierno.
En esta primera semana se obtendrán las pautas de tiempos utilizados por los oficiales de Diprove como por los técnicos aduaneros, según los procedimientos establecidos.
Al finalizar la semana se realizará una evaluación entre ambas entidades con el fin de determinar las necesidades en las dependencias operativas y determinar la prioridad de abrir otros espacios en ciudades intermedias u otras localidades provinciales. Por ejemplo, Puerto Villarroel y Villa Tunari en Cochabamba suman más de nueve mil vehículos que deberán ser nacionalizados.
Guayaramerín (Beni), Puerto Quijarro (Santa Cruz), Palos Blancos (La Paz) también han registrado un número considerable de chutos (ver cuadro).
Para la Aduana Nacional es relevante el trabajo de Diprove, porque es el primer filtro en el proceso de saneamiento de vehículos. El viernes, el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, anunció que aumentarán el número de policías y civiles con el fin de cumplir con la implementación de la Ley 133.
En función a esta acción, la Aduana Nacional también deberá aumentar personal para llegar a poblaciones pequeñas.
Combustibles. Respecto a un posible incremento en la demanda de combustibles por la nacionalización de 128.059 vehículos, el presidente de YPFB Corporación, Carlos Villegas, aseguró que pueden atender, debido a que «gran parte ya estaba circulando en territorio boliviano».
«De los más de cien mil no deben pasar ni el 10% (los nuevos que ingresaron ilegalmente); por lo tanto, estamos en condiciones de cubrir esa demanda», aseguró.
Agregó que la actual producción de hidrocarburos permite a la estatal cumplir con la demanda de gas natural (incluye GNV para motorizados) para el mercado interno y el de exportación. «No vamos a tener problemas», enfatizó.
Respecto a la subvención de carburantes, aclaró que Bolivia no importa gasolina, «por tanto, no hay subvención» para este combustible. Sin embargo, para el diésel «se mantiene, porque hay una deficiencia estructural».
