Las petroleras privadas que operan en Bolivia aseguraron que la subvención a los carburantes es «insostenible» en el largo plazo y que la población no usa el combustible de forma responsable. El Gobierno reiteró que la legalización de chutos no incrementará el gasto.
La subvención a los carburantes y la compra de gasolina y diésel para el mercado interno tuvo el 2010 un costo aproximado de $us 1.040 millones. Este año, el Presupuesto General del Estado (PGE) 2011 asignó para el mismo fin recursos por un valor de $us 1.002 millones. De este monto, se estima que cerca de $us 500 millones se destinarán a la subvención.
«El subsidio (a los carburantes) que tenemos en Bolivia no es bueno ni sostenible a largo plazo», aseguró el presidente de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía (CBHE), Carlos Delius.
De acuerdo con datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP), el PGE 2011 prevé que los ingresos que el país recibirá este año por la comercialización de hidrocarburos llegará a $us 1.566,9 millones. Esto implica que el subsidio representará cerca de un tercio ($us 500 millones) de los recursos económicos generados por la exportación de gas.
GASTO. A decir del ejecutivo de la CBHE, en Bolivia existe «cerca de un millón de vehículos en el parque automotor», de los cuales «ni siquiera el 15% realiza actividades productivas». No existe, agregó, un consumo responsable de los carburantes en el país.
«Los bolivianos paseamos demasiado. El momento en que nos suban un poco (el precio) de los combustibles, seguro pasearemos solamente dentro del barrio y no como lo estamos haciendo ahora», sostuvo. Sin embargo, agregó, el Gobierno debe ser muy cauteloso para «levantar la subvención por los problemas sociales que esta medida puede causar».
Se espera, además, que la subvención a la gasolina y el diésel se incremente en esta gestión, ya que, actualmente, el Gobierno está en proceso de depurar y legalizar más de 128.000 vehículos indocumentados. No obstante, el 3 de julio, el presidente de YPFB, Carlos Villegas, indicó que el 90% de los vehículos registrados ya circulaban en el territorio nacional.
Los vehículos que requerirán de nuevos volúmenes de combustible «no pasan del 10% de los registrados», manifestó.
Actualmente, la subida del precio del petróleo genera al Estado mayores ingresos por la venta de gas natural, pero también ocasiona la erogación de más recursos por el incremento en los precios de los carburantes; mismos que se mantienen congelados desde el 2004.
Según un cálculo del MEFP, el 64% de los recursos invertidos en la compra de carburantes el 2010 fue desviado al contrabando.
