Esta es la tercera vez que la mina es tomada por los campesinos de la comunidad de Ichoca, provincia Inquisivi del departamento de La Paz. La primera toma se registró el 9 de junio, la segunda el 14 del mismo mes y, la última, este 13 de julio.
Un equipo de periodistas de la La Razón viajó al lugar de los hechos y pudo conocer de boca de los propios mineros y de los campesinos que el yacimiento fue ocupado por estos últimos. Los mineros hablan de 200 «avasalladores» y éstos dicen que en la mina hay 400 «hermanos».
El viceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán, informó ayer en la tarde que los trabajadores mineros de Sayaquira junto a los 40 policías que resguardan la mina habían logrado repeler a los campesinos y que un contingente adicional de 100 efectivos policiales fue enviado a la región.
«La Policía ha repelido el nuevo intento de ‘avasallamiento’. Tenemos conocimiento de que los ‘avasalladores’ se encuentran en los alrededores, (por lo que) todavía subsiste la amenaza», afirmó el funcionario.
Los trabajadores, desalojados de la mina junto a sus familias y los 40 policías, contaron que a las 10.00 llegó un grupo de unos 200 campesinos que intentaron ingresar al campamento con detonación de dinamitas y disparos de armas de fuego para realizar un cabildo y «apropiarse» de los yacimientos de estaño de manera ilegal. La arremetida, inicialmente, fue resistida por los cerca de 100 trabajadores y unos 40 policías que custodian esa propiedad privada.
Sin embargo, a las 12.30, mineros y policías tuvieron que escapar y se refugiaron en el sector denominado La Apacheta. Los policías protegen a los mineros mientras sus familias fueron evacuadas a otras comunidades aledañas a la mina tomada.
Según la versión de los campesinos de Ichoca, los mineros fueron los que empezaron el enfrentamiento. Esteban Canqui Ramos, dirigente del pueblo de Sayaquira, dijo que Edwin Blacutt, de 25 años, fue muerto por las «balas disparadas por los mineros». Éstos señalan lo contrario y afirman que el campesino llevaba puesto un overol, por lo que «los campesinos le dispararon a su propia gente».
La Razón fue hasta el pueblo de Sayaquira y pudo constatar que Blacutt tenía una herida en el cuello y llevaba puesto un overol.
Campesinos se refuerzan
El dirigente del pueblo de Sayaquira, Esteban Canqui, dijo que los campesinos pidieron refuerzo a otras comunidades y advirtió con más enfrentamientos si la Policía pretende desalojarlos. «Mañana llegarán unos 3.000 compañeros», amenazó. Otros campesinos dijeron que explotarán la mina y formarán una cooperativa.
Gobierno garantiza inversión privada
El viceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán, garantizó ayer la estabilidad laboral de los trabajadores de la mina Sayaquira así como las inversiones de la Empresa Minera Barrosquira (Embas).
También dijo que se iniciarán acciones legales en contra de los hermanos Agustín y Pánfilo Ramos, quienes serían «los autores intelectuales y materiales de estos avasallamientos». «El Gobierno nacional va a ser firme en garantizar la aplicación de nuestra Constitución (y) va a garantizar de esa misma forma las inversiones, la producción, el trabajo y la fuente de trabajo de los mineros», precisó.
En la misma línea, el viceministro de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico, Héctor Córdova, afirmó que el Gobierno protegerá «toda actividad minera legalmente establecida en el territorio nacional». «Estamos tomando acciones como Estado para proteger el trabajo de los compañeros mineros». Según Farfán, 85 campesinos de la comunidad de Ichoca y 190 personas ajenas al lugar tomaron la mina Sayaquira.
Estas personas, «de manera completamente arbitraria e ilegal resuelven que los recursos mineralógicos de Sayaquira pasen a administración y manejo de la comunidad de Ichoca», explicó. El gerente general de Embas, Andrés Molina, lamentó que en los últimos tres meses —tiempo que dura el conflicto— las autoridades no hayan podido encontrar un viso de solución.
Aseguró que al momento hay un proceso judicial abierto contra cinco implicados en las ilegalidades y que, en los próximos días, saldrá un mandamiento de aprehensión contra los hermanos Agustín y Pánfilo Ramos. Molina también estimó en cerca de $us 400.000 las pérdidas, incluyendo el robo de maquinaria, enseres y mineral procesado realizado durante la toma del 9 de junio pasado.
