La dirigencia nacional de los obreros constructores prepara una norma que establecería un nuevo gravamen del 1% a la comercialización del cemento en el país. Los recursos así obtenidos estarían destinados a proporcionar un seguro social a los trabajadores sindicalizados que no tengan una dependencia directa obrero-patronal.
Así lo informó el secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Trabajadores en Construcción de Bolivia, Jesús Acosta, a tiempo de recordar que la norma ya fue remitida a la Asamblea Legislativa para su aprobación, pero que ésta la devolvió al sector para que tenga una elaboración más completa.
«El proyecto de ley que gravará en 1% al cemento tiene el objetivo de brindar seguridad social a los trabajadores por cuenta propia que no responden a una relación obrero-patronal», sostuvo. Los gravámenes que tiene la venta de cemento en el mercado interno son los impuestos al valor agregado (IVA, 13%), a las transacciones (IT, 3%) y a las utilidades de las empresas (IUE, 25%).
El sector está a la espera de la información que pueda proporcionarles el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) sobre la producción y cantidad de cemento comercializado por las empresas Soboce, Coboce, Fancesa e Itacamba.
GESTIÓN. De aprobarse el nuevo impuesto, explicó Acosta, los recursos obtenidos se destinarían a una cuenta bancaria única que estaría a cargo de la Caja Nacional de Salud (CNS) y en la cual la dirigencia de los obreros de la construcción «no tendría ninguna incidencia».
Entre el 2010 y este año, la demanda de mano de obra en el sector inmobiliario se incrementó aproximadamente en un 50%, principalmente en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. «Ahora tenemos unos 300.000 trabajadores ocupados (en el sector de la construcción); en el 2010, eran 200.000», dijo.
Comienza el auge de las obras
Una vez terminado el período de lluvias, las empresas constructoras se preparan a acelerar la ejecución de proyectos inmobiliarios e incrementar su demanda de cemento con lo que se espera lograr un mayor crecimiento del sector, indicó el dirigente de los trabajadores Jesús Acosta.
Piden 20% de aumento salarial para este año
Los obreros de la construcción negocian con los empleadores del sector público y privado un alza salarial del 20% por considerar que trabajan más de las ocho horas establecidas y también los fines de semana. Los empresarios afirman que el pedido se evalúa.
«Aunque ninguna de las empresas constructoras paga el salario mínimo nacional (Bs 815), el pedido de los trabajadores se está evaluando», informó el titular de la Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco), Jaime Ponce.
Los incrementos dados a los obreros de la construcción, explicó, no se fijan por el aumento determinado vía decreto por el Gobierno. «Los jornales que pagamos actualmente son de entre Bs 80 y 90 para los ayudantes y de entre Bs 120 y 130 para los maestros albañiles», precisó el ejecutivo.
EMPRESARIOS. El presidente de la Cámara Departamental de la Construcción (Cadeco) de La Paz, Christian Eduardo, recordó por su parte que existe «un acuerdo tripartito» entre la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la empresa privada y los obreros para trabajar en el sector «sobre las normas vigentes».
«Por más justas que sean las demandas de los trabajadores, sería difícil para las empresas dar un incremento salarial que se aproxime al 20% si el sector apenas está creciendo a un ritmo del 6 ó 7%. Ése es el problema», señaló.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), a mayo de este año, la remuneración de los supervisores de construcción en La Paz aumentó en 31,43%; la de los carpinteros en 27,44% y la de los capataces en 26,09%. En Cochabamba, el ingreso de los peones subió en 17,69% y del director de obra en 21,24%.
Subgobiernos deben apurar inversión pública
Las empresas constructoras pidieron a los gobiernos municipales y departamentales «agilizar» la inversión pública en obras de infraestructura para que el sector pueda registrar un mayor crecimiento. Los subgobiernos estarían rezagados en las inversiones por la falta de experiencia de sus técnicos y las normas punitivas vigentes.
«Pedimos a los gobiernos departamentales y municipales mayor eficacia y eficiencia en el manejo de la obra pública para revertir los malos resultados que tenemos al primer trimestre de la gestión», remarcó el presidente de la Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco), Jaime Ponce.
Datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) señalan que el crecimiento del sector al primer trimestre de este año fue de 8,18%, mientras que en similar período del 2010 éste alcanzó un 9,15%.
A decir de Ponce, «la Ley (de Lucha Contra la Corrupción) Marcelo Quiroga Santa Cruz —que es muy draconiana—, sumada al hecho de que en los diferentes niveles de las alcaldías y gobernaciones hay funcionarios nuevos que no tienen la capacidad para poder enfrentar sus responsabilidades, retrasa la ejecución de proyectos».
Aproximadamente, agregó, el 70% de la inversión pública en el sector está a cargo de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y el restante 30% corresponde a los gobiernos subnacionales.
