«Existen casos muy sui generis. Algunas cisternas tienen dos y hasta tres compartimentos. Eso ocasiona alguna equivocación, ocasiona también algunas inquietudes de desvío, entonces para tener todo bajo control se está normando», informó ayer el ministro de Hidrocarburos, José Luis Gutiérrez.
El funcionario reconoció que durante todos estos meses no se ha aplicado un control estricto y real a las empresas distribuidoras y cisternas de transporte de combustibles, con el objetivo de evitar que los carburantes sean desviados al contrabando.
Gutiérrez dijo que YPFB pretende implementar un control más riguroso y con ello lograr que el producto que sale de planta llegue a la estación de servicio y sea verificado. «Tenemos que saber que el volumen que sale llegue a destino y eso debe ser reportado (…). Hay que investigar, y al que tenga sanción le va a caer con seguridad la (Ley) 1008», afirmó.
La Ley 1008, de Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, fue aprobada en 1988 y establece la confiscación de bienes usados en el narcotráfico y la detención de los involucrados directos e indirectos en el delito.
En este marco, el ministro informó que ayer en Cochabamba se ha desarrollado una reunión entre la Gerencia Comercial de YPFB con los dueños de cisternas y ello ha provocado una demora en la entrega de los combustibles a las estaciones de servicio.
Con esta información, Gutiérrez descartó también la posibilidad de que se haya provocado un problema de desabastecimiento en esa ciudad. «Sólo ha sido un problema de querer normar una distribución más controlada», dijo.
Añadió que la mayor preocupación es que se pueda ejercer mayor control a las estaciones de servicio que no tienen sus vehículos cisternas, porque serían éstos los que provocarían un mayor nivel de desvío de combustible.
