El viernes, la siderúrgica india envió una carta a la ESM para rescindir su Contrato de Riesgo Compartido para la explotación de hierro y manganeso en el Mutún (Santa Cruz). JSPL, cuya subsidiaria en el país es Jindal Steel Bolivia (JSB), observa el incumplimiento de 15 puntos por parte de la ESM para justificar su retiro del país.
El directorio en pleno de la ESM se reunió la jornada de ayer con los ejecutivos de la JSB. La empresa estatal se comprometió a entregar las tierras faltantes y ratificó el suministro de 2,5 millones de metros cúbicos día (MMmcd) de gas para el funcionamiento del complejo siderúrgico.
También abrió la posibilidad de analizar las boletas de garantía que fueron ejecutadas por el Gobierno por el supuesto incumplimiento del contrato, además de los procesos judiciales iniciados en contra de los personeros de la compañía minera india.
El suministro de los 2,5 MMmcd de los 4,5 MMmcd solicitados inicialmente por la Jindal, reducirá la inversión económica de la segunda fase del proyecto de $us 1.500 millones a cerca de 1.200 millones, explicó ayer el director de la ESM, José Luis Martínez. “Se tendrá que realizar una reingeniería del plan porque se reducirán los volúmenes de producción”, afirmó.
De su parte, el titular de la ESM, Ricardo Cardona, se mostró optimista y dijo: “Queremos que todo el país conozca que nuestra disposición es que ellos (Jindal) se queden y que hasta 2015 ya nos puedan entregar acero aunque sea en una escala menor”.
Diálogo. “La empresa india planteó reducir la inversión prevista inicialmente en $us 2.100 millones, sin lugar a duda esto generará una menor producción de acero, pero estamos de acuerdo porque la misma estará en función de la provisión de gas, si bien para ello hay que reprogramar el presupuesto”, explicó el ejecutivo.
La comisión de la ESM estuvo encabezada por su presidente Ricardo Cardona y del lado de la Jindal participaron el gerente de Asuntos Legales, Jorge Gallardo, y Arvind Sharma. Estos últimos se comprometieron a informar al presidente de JSPL, Naveen Jindal, de la propuesta realizada por la empresa estatal boliviana.
Martínez calificó de positiva la posición adoptada por el presidente de la ESM. “Ha tenido una apertura para reconducir el proyecto de la explotación de hierro, esto es importante para la región fronteriza y el país (…). Este puede ser el inicio de una nueva alianza entre la ESM y la Jindal, esperemos que en los próximos días la propuesta planteada a la compañía india pueda ser elevada al Ministerio de Minería”.
De acuerdo con Martínez, es importante la continuidad de la firma india en el proyecto, porque una ruptura “nos llevaría a convocar a una nueva licitación (y) esto nos retrasaría por los menos entre dos a tres años”.
Suspenden paro cívico
El presidente del Comité Cívico de Puerto Suárez, J. Luis Santander, informó que se declaró un cuarto intermedio en las medidas de presión programadas para este miércoles. “Hemos observado la apertura del nuevo presidente de la ESM”, dijo.
Comibol dice que se debe cumplir con el contrato
Contrariamente a la decisión tomada por el directorio de la ESM, que accedió a las demandas planteadas por Jindal Steel & Power Limited, lo que implica una reingeniería al proyecto siderúrgico, la Comibol afirmó ayer que la empresa debe cumplir con su plan de inversiones.
“Que cumpla lo comprometido. Hay un compromiso de invertir $us 300 millones por año y trabajar en ciertas condiciones. Por ejemplo, del mineral extraído, el 70% debe ser primario y el 30% secundario y no solo secundario como están sacando ahora”, señaló ayer el presidente de la estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol), Héctor Córdova.
No obstante esta afirmación, la autoridad expresó su confianza en llegar a un acuerdo con Jindal y que no se interrumpa el trabajo en el Mutún. “Todavía no se ha roto el contrato, todavía está vigente”, sostuvo Córdova, quien además indicó que cualquier modificación al contrato debe ser refrendado por la Asamblea Legislativa. También dijo que en caso de que se termine la relación con Jindal, el Gobierno quiere evitar un arbitraje internacional, “para que el Estado no sea perjudicado”.
